A Martín Guzmán se le acerca la hora de mostrar las cartas y crece la tensión

Martín Guzmán, en conferencia de prensa.

El calendario sigue avanzando rumbo al 31 de marzo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, descubrió una carta más antes de formalizar la propuesta que les presentará a los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo ley extranjera. Una carta por cierto de relativo valor, ya que se trata de un proyecto de ley con más formalidad que sustancia. Un matiz: en uno de los artículos se dice que la comisión que está dispuesto a pagar el Gobierno a quienes asesoren será como máximo un monto equivalente al 0,10% del monto canjeado. En el Gobierno anterior, dichas comisiones tenían un tope del 0,12%.

El proyecto señala que, como resultado de las negociaciones con los acreedores, el Gobierno deberá alcanzar, respecto a las condiciones de emisión originales, al menos dos de tres objetivos previstos en la ley de administración financiera: más plazo, menos tasa de interés o menos capital.

El mercado viene sacando cuentas hace rato de cuál podría ser la propuesta oficial, y los precios de los bonos se mueven al compás de esas especulaciones.

Este martes las cotizaciones retrocedieron, no tanto por lo que dijo Guzmán, y sí por lo que dijo Joseph Stiglitz en Davos. “Hablar de quitas importantes es fácil, y lo difícil es si los bonistas las van a aceptar sin más” señalaba ayer un veterano del mercado financiero.

La lectura de un sector del mercado es que los dueños de los bonos ya han sufrido un golpe importante en sus carteras a partir del desplome de los bonos, que arrancó a mediados de 2018 y se acentuó tras las PASO de agosto de 2019. Pero la pregunta es: ¿qué grado de aceptación encontrará el Gobierno cuando, además de pedir más plazo, proponga recortar a la mitad los cupones de intereses, es decir, si entregará un nuevo bono -suponiendo que no haya quita de capital- que pague 3,5% anual en lugar de 7% anual?

Hay cierto consenso en que estirar plazos no sería un problema para los acreedores. Pero sufrir una poda del 50% en los intereses no parece fácil de digerir. Acá entran a jugar las cláusulas de acción colectiva. El Gobierno necesita un porcentaje de aceptación de su oferta de por lo menos un 75% de los bonos de cada emisión (o un poco menos si se combinan dos emisiones). En contra de la Argentina juega que los bonos no están repartidos en muchas manos. Sería fácil para los fondos de inversión coordinarse para bloquear la propuesta del Gobierno.

La pulseada sigue avanzando. Los mercados se preguntaban ayer si lo de Stiglitz (mentor de Guzmán) fue un “hecho aislado” o el Nobel dijo en público lo que el ministro no puede decir.

En el tira y afloje entre deudor y acreedores también se juega la continuidad del plan económico. Una oferta muy agresiva podría derivar en una negociación muy larga con los bonistas, con el consecuente impacto económico y financiero para el día a día de la actividad económica. Una negociación que se resuelva rápidamente porque se alcanzó el consenso podría generar un ahorro tal vez no tal alto como esperan las autoridades, pero una normalización más rápida -menos riesgo país- que permita el regreso a los mercados financieros, tanto para el Gobierno como para las empresas.