Guzmán acepta las reglas de Wall Street y mejora la oferta a bonistas

La Argentina presentaría en las próximas semanas una nueva oferta para lograr el acuerdo con los acreedores bajo ley extranjera y evitar el default. Si es cierto que la orden política al ministro Martín Guzmán es negociar para no llegar a la cesación de pagos y a los juicios contra el país de los acreedores, Argentina deberá mejorar la oferta a los bonistas y cumplir las reglas que rigen en Wall Street para encaminar las soluciones.

Después del rechazo en la primera ronda que hubo que levantar, ahora en la práctica y en términos legales es imprescindible que se presente un nuevo menú de bonos para el canje de deuda con las nuevas condiciones supuestamente muy mejoradas, tanto ante las autoridades locales de la Comisión Nacional de Valores como a su par en Estados Unidos, la exigente Security and Exchange Comission (SEC).

El proceso debe recomenzar. Argentina tiene que presentar la propuesta de nuevo, establecer una fecha de por lo menos 10 días en que cada banco le comunica a su cliente, tenedor de títulos argentinos, que vote si acepta o rechaza el canje, y con los resultados de la votación se juntan las mayorías necesarias en cada caso, cada bono emitido, para lograr el acuerdo tan buscado.

Como puede observarse, es físicamente imposible cumplir todos estos trámites antes del próximo viernes 22, cuando teóricamente Argentina cae en default con todas las letras, si no paga los cupones vencidos de intereses de tres bonos globales por unos u$s 503 millones.

La solución, igual que rige hoy para la situación de la provincia de Buenos Aires, es que aun estando en default legal, ningún acreedor se presenta en la Justicia mientras exista una negociación de buena fe para acordar.

Las reglas de Wall Street convalidadas en los fallos judiciales que ahora aceptaría Guzmán para no volver a fracasar, significan que una negociación es de buena fe cuando ambas partes presentan soluciones orientadas a buscar un acuerdo.

La oferta original de la Argentina, unilateral y sin negociar, que todos sabían sería rechazada como efectivamente ocurrió, no se considera una oferta de buena fe. Como tampoco lo habían sido los approaches iniciales de los clubes de acreedores, reclamando lo imposible. Como si uno quisiera vender su casa y pretende el triple de lo que vale.

Esta novedad, que de verdad ahora existe una negociación en el sentido de que ambas partes quieren acordar, es lo que permitiría la paradoja de caer en default el viernes, pero lograr un período "de buena fe" para negociar y evitar los juicios.

La experiencia internacional indica que este tipo de negociaciones llevan en general entre dos y cuatro semanas. Y la clave también es que bajo la reglas de Wall Street, primero se conversa y acuerda una solución con la mayoría de los tenedores de bonos, y recién con el acuerdo en la mano se presenta la propuesta.

Así fueron en todas las reestructuraciones de deuda en el país desde el regreso de la democracia: desde los GRA y Promissory Notes de Mario Brodersohn en 1987, hasta la última de Alfonso Prat Gay con los holdouts que habían ya ganado los juicios con los fallos de Thomas Griesa.

Ayer el ministro Guzmán fue categórico. Dijo que la fecha del 22 de mayo ya es anecdótica, porque el país está en medio de una negociación. Se verá en las próximas horas hasta dónde está dispuesto el Gobierno a mejorar la oferta. Los acreedores piden lo conocido: cobrar intereses devengados, capitalizar los intereses durante el período de gracia, y subir dos puntos la tasa promedio de interés en los pagos futuros a partir de 2021 o 2023. El juego es siempre el mismo. Cuanto más ofrece el deudor, mayores votos logra de los acreedores a favor del canje, de modo de juntar las mayorías necesarias para obligar a todos a entrar en el acuerdo, aún los que se resisten.

Ya transcendió la complicación adicional de que los bonos emitidos en la era Kirchner exigen juntar 85% de los votos para evitar juicios de los que no aceptan, en tanto los bonos globales emitidos en la era Macri requieren entre 66% y 75%. También que los acreedores que tienen bonos "K" ya sufrieron la quita original y están más duros en la negociación.

El final podría resultar en un acuerdo con todos los acreedores que despeje el problema si la Argentina levanta su oferta lo suficiente como para convencer a las mayorías; o si habrá acuerdos parciales y conflictos puntuales con quienes decidan litigar. Esto último no parece lo más recomendable por las cláusulas legales que podrían, como ya ocurrió, trabar pagos a la Argentina de los bonos nuevos a los que aceptan y arruinar parte de la solución.