Alberto Fernández define una táctica para enfrentar a los bonistas que resisten su ultima oferta apoyada por el FMI

Alberto Fernández tiene dos opciones para elegir frente a los fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina: acepta su último pedido y enmienda -otra vez- la propuesta oficial para completar con éxito el canje de bonos, o cierra un deal parcial con un determinado bloque de acreedores privados que no alcanzaría para evitar un eventual juicio por default en los tribunales de Manhattan.

La deuda que se intenta reestructurar tiene títulos soberanos que se emitieron en 2005 (llamados en la jerga financiera Bonos K, por Néstor Kirchner), y otros títulos soberanos emitidos en 2016 que se conocen como Bonos M, en obvia referencia a Mauricio Macri.

Los bonos K y los títulos M exhiben una característica común: incluyen Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s), un instrumento jurídico que permite evitar la existencia de holdouts en caso de obtenerse ciertas mayorías entre los titulares de los bonos que están negociando con el estado emisor.

Este mecanismo jurídico - de origen británico- apunta a bloquear juicios contra los estados, si se llega a un determinado número en el canje de los títulos de la deuda que se pretenden reestructurar.

Los bonos K -Discount y Par- precisan mayorías del 85 por ciento para obligar al resto de los tenedores a entrar en el canje.

Los bonos M exigen un 66 por ciento para forzar el ingreso de los acreedores privados que no están de acuerdo con la oferta oficial.

Es decir: si Alberto Fernández no logra el 85 por ciento de las CAC´s en los bonos K, ni el 66 por ciento en los bonos M, los fondos que resisten su oferta pueden acelerar el default y demandar a la Argentina en los tribunales de Manhattan.

Hasta anoche, Alberto Fernández y Martín Guzmán no tenían mayoría en las CAC´s. Ni en los bonos M, y menos aún en los bonos K.

En este contexto, el Presidente y su ministro de Economía tienen dos opciones:

1. Enmiendan -de nuevo- la oferta oficial para cumplir con los pedidos de los acreedores privados

2. Mantienen la propuesta que fue avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abre la posibilidad a un juicio multimillonario contra la Argentina.

Si apuesta a un acuerdo antes que concluya junio, Alberto Fernández debería optar por mejorar la actual iniciativa que establece un bono de 50 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100 dólares. Los acreedores exigen 53 dólares de NPV, y no les preocupa como se llega a ese número mágico (adentro de la ecuación financiera o a través de un cupón atado al crecimiento del Producto Bruto Interno).

Esos tres dólares extra -argumentan los fondos consultados por Infobae- asegurarían al Presidente tener las mayorías necesarias para todos los bonos M, y estaría muy cerca del nivel de las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los prospectos de los bonos K.

En cambio, si Alberto Fernández y Guzmán deciden no moverse de un bono de 50 dólares de NPV, será poco probable que alcancen los porcentajes de las CAC´s previstas en los títulos emitidos por Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Con una simple oferta de 50 dólares de NPV, el Presidente y su ministro de Economía no llegarían a conformar un grupo mayoritario de acreedores que pueda bloquear la decisión de demandar a la Argentina por default.

Guzmán trabaja a destajó para cerrar la oferta mejorada que oficialmente debe poner a consideración de los fondos. El ministro apuesta a entregar la propuesta antes que concluya esta semana y luego hacer la inscripción formal en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Alberto Fernández asume que la diferencia es mínima y ordenó a Guzmán que diseñe una propuesta que evite el default y a su vez respete la premisa de sostenibilidad de la deuda externa. El ministro trabaja en un cupón basado en un eventual crecimiento de la economía que estaría destinado a satisfacer los últimos pedidos de los acreedores privados.

Entonces, si el Presidente toma la decisión política, la oferta final tendría un número con suficiente volumen para lograr esta reestructuración de la deuda externa: 50 dólares de NPV, y tres dólares del nuevo cupón atado al Producto Bruto Interno (PBI), que aún modeliza Guzmán.

Total 53 dólares, como pedían los fondos de inversión.