Deuda: el Gobierno evalúa negociar sin acuerdos de confidencialidad. Hasta el 24 de julio no se pagarán 9 bonos por u$s 944 millones

El presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La renegociación de la deuda entró en un nuevo capítulo tras el quinto postergamiento de la fecha de cierre, esta vez hasta el 24 de julio, un plazo con más margen. Para esta nueva etapa, en la que el Gobierno espera cerrar con un acuerdo y que se logre escapar del default, se evalúa modificar algunas estrategias. 

Hasta ahora, cuando se pusieron sobre la mesa de negociación nuevas propuestas, tanto las elaboradas por el equipo de Martín Guzmán como las de los acreedores privados, las partes firmaron acuerdos de confidencialidad. Los NDA, tal como se los denomina en inglés (por non-disclousure agreement) permitían que estas ofertas se debatieran con la condición de no hacerlas públicas mientras durara el pacto.

En el Gobierno dudan de su efectividad en esta última parte de los intercambios: como estuvieron todas las partes “sentadas” (aunque de manera virtual) a la mesa de negociaciones, interpretan que algunos bonistas fueron más duros por el hecho de mostrarse así ante sus pares de otros fondos, y por lo tanto, la flexibilidad que se consiguió fue menor a la buscada.

Es por eso que para este tramo en marcha, con fecha límite extendida desde el viernes pasado hasta el 24 de julio, evalúan no poner en práctica los NDA y, en cambio, que los agentes intermediarios tomen un rol más activo, según confió una fuente oficial.

En el Gobierno se tomaron más tiempo que en las anteriores extensiones de plazos por varios motivos, agregó. Por un lado, para poder tener más días tanto para terminar de definir la propuesta que se presentaría ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) como para intentar conseguir la mayor adhesión posible por parte de los bonistas.

Pero otra de las razones es mostrar a los acreedores privados de deuda bajo legislación extranjera, por unos US$ 64.800 millones en total, que no hay desesperación por cerrar un acuerdo de manera urgente, sino que la intención es hacerlo dentro de los parámetros que el país considera que hará que la deuda sea sostenible en el tiempo, y que además tiene el aval del Fondo Monetario Internacional.

No obstante, la idea que manejan en los pasillos oficiales es no tirar de la cuerda hasta el último día: son conscientes de que el 30 de julio habrán transcurrido los 30 días de gracia tras el impago del Discount que el próximo 30 de junio se debería afrontar por unos US$ 452 millones bajo legislación internacional. A ese total se agregan casi US$ 100 millones que habría que pagar de intereses del Bono a 100 años que vencen el 28 de este mes.

Es por eso que la idea sería no llegar al 24 a presentar la nueva oferta, sino hacerlo antes de manera de llegar a ese día, en lo posible, con la situación de la deuda bajo legislación extranjera cerrada.

Es que una vez que se presenta la nueva oferta ante la SEC deben transcurrir 10 días, como mínimo, para que los bonistas respondan si adhieren o no, razón por la cual la formalización sería antes. 

Más allá de las diferencias económicas entre las posturas, lo que consideran inadmisible en el Gobierno (y que de hecho fue criticado por varios analistas en los últimos días) es el pedido de dos de los grupos de acreedores: que los nuevos títulos se rijan por el Indeture (contratos) de 2005, con exigencias más estrictas para conseguir mayorías y escapar del default, tal como solicitaron Ad Hoc (en el que está BlackRock) y Tenedores de Bonos de Canje.

No obstante, las diferencias también en el plano económico existen: mientras que la oferta argentina está en un valor de en torno a los US$ 50, la más cercana de los bonistas (que es la del Comité de Acreedores) se ubica en US$ 53, mientras que la de los otros dos grupos de acreedores es bastante superior, de US$ 60, identificaron en Ecolatina.

Más allá de las diferencias, en los últimos días Alberto Fernández dijo que tenían confianza en encontrar un punto de acuerdo. “Avanza entre tironeos y vamos avanzando. Tenemos confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo. No es fácil. En 2005 estuvimos un año con la negociación. Ahora nos piden resultados en dos o tres meses. Hay que ser un poco menos ansioso y seguir trabajando”, justificó.

Hasta el 24 de julio no se pagarán 9 bonos por u$s 944 millones

El Gobierno no pagará la semana próxima vencimientos por u$s 581 millones en concepto de intereses de cuatro bonos y tampoco cumplirá con u$s 363 millones de otros cinco bonos en la primera quincena de julio. Suman, en conjunto, u$s 944 millones que quedarán impagos.

En cambio, se jugará a todo o nada a cerrar la reestructuración de la deuda el viernes 24 de julio, cuatro días antes de que culmine el período de gracia para cumplir con el bono a 100 años que la Argentina emitió el 28 de junio de 2017.

En la última semana de junio se omitirán pagar u$s 98 millones del Bono Internacional de la República Argentina en Dólares (BIRAD) 2117, que diseñó el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo como una prueba de la confianza de los mercados internacionales al cambio que había hecho el país.

Tampoco se abonarán u$s 230 millones por el Discount en dólares ni el equivalente a u$s 251 millones por el mismo instrumento en euros y los u$s 2 millones en yenes japoneses. Estos títulos fueron colocados a los bonistas que entraron en el canje de 2005 y 2010 y tienen mejores cláusulas legales, cuyos tenedores pretenden preservar tras esta reestructuración.

Es por esto que la del 24 de julio asoma, ahora sí, como la fecha definitiva para el cierre de tres meses de negociaciones.

Argentina ya tiene en default tres bonos Global desde el 22 de mayo y sumar cuatro series más a la cesación de pagos agregaría elementos para que los acreedores puedan pedir la aceleración de la deuda en los juzgados de Nueva York, Estados Unidos.

La prolongación del canje para un nuevo período de Invitación -el sexto desde que se presentó la oferta, a fines de abril- fue formalizada el sábado en una edición especial del Boletín Oficial, con la Resolución 289/2020 del Ministerio de Economía.

Horas antes, el viernes a la noche, un comunicado conjunto de los comités Ad Hoc Bondholder Group (que agrupa a Blackrock, Fidelity y Ashmore, los fondos más duros, que tienen en sus manos buena parte de la deuda que tomó la Argentina entre 2016 y 2018) y Exchange Bondholder Group (en el que están Monarch, VR, Cyrus y HBK, entre otros, y tienen los bonos del último canje, durante el kirchnerismo), dejó abierta la puerta a continuar con la negociación.

Pese a señalar que Argentina fue el que se retiró de la mesa, se mostraron dispuestos a "participar de forma constructiva" para alcanzar un acuerdo mutuo.

Esto grupos piden un Valor Presente Neto (VPN) cercano a los u$s 56 en promedio por cada lámina de 100 dólares y la indenture (letra chica) de 2005, con porcentajes más altos para las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) o anti-buitre.

Se trata de algo innegociable para la Argentina: el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantendrá los términos legales para los acreedores con tenencias que ya fueron una vez reestructuradas en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero no así para los que canjeen bonos emitidos durante la administración de Mauricio Macri.