Una diferencia de apenas US$ 3,2 que debería alejar el default. Guzmán afirmó que la contrapropuesta de los bonistas implica "ajustar las jubilaciones"

En Washington le espera al Gobierno una nueva negociación con el FMI

Lo que debía haber sido una negociación rápida y amigable que descomprima la enorme concentración de vencimientos durante 2020 apelando a las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) para evitar holdouts, terminó convirtiéndose en una saga interminable que dada la cercanía de las propuestas debería evitar titularse “cómo convertir un problema de liquidez en uno de solvencia”. Recordemos que la deuda en el mercado alcanza a 28,5% del PIB, 47% cuando se suma además la deuda con organismos internacionales de crédito.

Es cierto que en el medio pasaron cosas y que el impacto del COVID-19 sobre la economía global y local no era predecible. Pero también es cierto que, como contracara del accionar de los bancos centrales del mundo desarrollado, la violenta toma de ganancias de marzo/abril se convirtió en cuasi una euforia financiera que retornó la liquidez a las economías emergentes. En este contexto, incluso Ecuador que en abril había acordado un stand still para evitar el default, llegó a un acuerdo de reestructuración con los mismos grupos de bonistas con los que Argentina sigue negociando.

Hay que reconocer que después del fracaso de la primera oferta de la Argentina, con una aceptación de sólo el 12% de los acreedores, el Gobierno se corrió y no poco. De los US$ 38 iniciales descontados al 10%, tiene hoy presentada en la SEC una enmienda que eleva la oferta a US$ 53,5 en promedio. Con el comunicado de ayer, los bonistas también se corrieron. Pasaron de una propuesta de US$ 60 presentada un mes atrás a una de US$ 57 en promedio, todo descontado a una tasa del 10%.

El Gobierno cedió también en las cuestiones legales: 1) accedió a sostener los contratos originales -indenture 2005 para los bonos emitidos por el gobierno de Kirchner para salir del default de 2001 e indenture 2016 para los bonos emitidos por el gobierno de Macri, de los cuales una parte se usó para salir del default técnico de 2014 en el que incurrió la Argentina con el fallo del Juez Griesa - y 2) estableció un umbral alto de aceptación para avanzar con el canje -66% del total o 50% de cada uno de los dos indentures que se eleva al 60% si se activan las CACs en alguna de las series-. Esto último apuntando a limitar el uso del Gobierno de la estrategia Pac Man (un mecanismo para limitar los holdouts en canjes sucesivos reasignando las mayorías) en un intento por conceder el pedido de los bonistas que veían con malos ojos la interpretación de la cláusula de redesignación del indenture 2016.

En tanto los tres grupos de bonistas aceptaron los cambios legales y hoy las distancias se centran fundamentalmente en los US$ 3,2 dólares de diferencia promedio. Diferencia que en dólares alcanza a sólo US$ 3.000 millones que se distribuyen a lo largo de diez años. En efecto, el “alivio de la deuda” que en la propuesta original del Gobierno alcanzaba a US$ 64.700 millones, se redujo a US$ 51.200 millones en la propuesta argentina presentada hace dos semanas en la SEC y a US$ 48.200 millones, la presentada por los bonistas.

El alivio se concentra fundamentalmente en los próximos cuatro años (US$ 1.300 millones en promedio por año, incluyendo el mismo tratamiento a la legislación local en dólares). Recién los vencimientos en moneda extranjera se empiezan a hacer significativos en 2025 cuando vencen US$ 6.000 millones. Hasta entonces queda la concentración de vencimientos con el FMI que arrancan justo un mes antes de las elecciones del próximo año y se concentran en 2022 y 2023. Y los vencimientos de pesos que se distribuyeron en los próximos tres años: un poco “reperfilando compulsivamente” un poco “en forma conversada” por debajo de la tasa de mercado y un poco “voluntariamente”, aprovechando el enorme sobrante de pesos que generó la financiación de un agujero fiscal que escaló con la pandemia.

Si se arregla la deuda y se postergan vencimientos con el FMI, el margen para armar un programa de estabilización que apuntale el lógico rebote de la economía post pandemia vuelve a aparecer. Los precios relativos están sensiblemente más alineados aunque, cepo cada vez más rígido mediante, conviven hoy con una brecha cambiaria del 60%. Las cuentas externas se tornaron superavitarias luego de tres años de brusca recesión y la puja distributiva que había escalado con la devaluación en cuotas de los últimos dos años del gobierno de Macri coyunturalmente se mantiene retirada a cuarteles de invierno en medio de la pandemia. Un equilibrio muy inestable que convive con un agujero fiscal entre 7 y 8% del PIB en 2020 financiado con emisión que no es sostenible en el tiempo sin coordinar una nueva escalada de precios y salarios. De aquí la necesidad imperiosa de asegurar la consolidación fiscal en el año electoral.

Igual, como siempre, en Argentina debatimos el corto plazo. El rebote desde el subsuelo sobre una tendencia muy mediocre luce óptimo en el año electoral. Pero va a durar poco si no se avanza en una agenda que permita restablecer la competitividad sistémica (y no sólo basada en salarios devaluados) sin un shock externo positivo a la vista como el que tuvo la Argentina en los 00s.

Guzmán afirmó que la contrapropuesta de los bonistas implica "ajustar las jubilaciones"

Luego de que tres grupos de bonistas de la deuda argentina se aglomeraran detrás de una única contrapropuesta, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que la oferta de renegociación del Gobierno es la "definitiva" y sostuvo que lo que los acreedores piden "significa tener que ajustar las jubilaciones y eso no lo vamos a hacer".

En una entrevista en el canal TN, el ministro manifestó que "ese grupo de acreedores que rechazó nuestra oferta ya lo había hecho antes y no entiende cuáles son las restricciones de Argentina. La oferta que hicimos es definitiva y tiene nuestro máximo esfuerzo".

Guzmán se mostró enfático y dijo que "nosotros no nos queremos pelear con nadie, queremos resolver un problema que ya teníamos. Cuando se emitió esa deuda se pagaba 7% y los acreedores sabían que tomaban un riesgo elevado. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Ahora les pedimos que ganen menos".

Al ser consultado por el pedido de los acreedores, el jefe del Palacio de Hacienda indicó que "aceptar lo que ellos piden significa más desempleo y más angustia para la gente, significa tener que ajustar jubilaciones y eso es algo que no vamos a hacer. La Argentina ya está en default".

Más adelante, Guzmán sostuvo que "hay una cantidad de acreedores que sí aceptan la oferta. No queremos comprometernos con pagos que le impidan al país poner en marcha las políticas públicas que necesita".

Respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro puntualizó que "hoy es imposible pagarle al FMI en los plazos acordados. El próximo paso va a ser buscar un acuerdo con el FMI que nos permita pagar esa deuda".

En relación con la pospandemia, el ministro señaló que "la Argentina tiene perspectivas positivas". "Nosotros pensamos que 2021 va a ser un buen año. La pandemia está afectando a todo el mundo. La parte buena es que hemos manejado la crisis. Estamos viviendo una crisis muy profunda pero medidas como IFE, AUH y otras han contenido los niveles de pobreza. Están las condiciones dadas para que en 2021 haya una recuperación porque se ha venido trabajando para ello", indicó.

Luego Guzmán agregó que "el Estado va a jugar un rol central en la recuperación de la economía y ahora estamos administrando la emergencia y seguimos un modelo casi único con transferencias de ingresos directos, subsidios directos de salarios, exención de contribuciones patronales, entre otras medidas".

Finalmente, el ministro descartó que vaya a realizarse un nuevo blanqueo impositivo, apoyó el impuesto a las grandes fortunas y apoyó la convocatoria a todos los sectores, asegurando que en 2021 el mercado interno va a ser el motor de la recuperación de la economía.