Finalmente, humo blanco: cómo se sigue a partir de ahora. Ganó el sentido común, pero una vez más tardó demasiado en aparecer

Al momento de escribirse esta nota había fuertes rumores acerca de que finalmente el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con los grupos de acreedores grandes respecto de la negociación de la deuda bajo legislación extranjera. El número final en el cual se acordó no es relevante para la evolución de la macro argentina; la diferencia entre las posturas que cada parte tenía al viernes era poco significativa. Lo importante es que el acuerdo eliminaría una de las tantas fuentes de incertidumbre que afectan hoy a la capacidad de recuperación de la economía.

Más importante es que en la medida en que la participación minorista haya llegado al 35% del monto a canjear y si los grupos de bonistas grandes tienen entre 50% y 61% de cada grupo de bonos, es muy probable que la Argentina alcance los mínimos necesarios para activar las Cláusulas de Acción Colectiva sin recurrir a la "creatividad" de la estrategia llamada Pacman.

De ese modo el canje sería por el total, sin litigios en el extranjero. Esto es importante porque se evitarían los costos del litigio y además nadie pondría en duda que el país salió del default.

¿Cómo sigue la cosa? La magnitud de los problemas económicos de la Argentina deja poco tiempo para el festejo. El paso siguiente es negociar con el Fondo Monetario Internacional una postergación de pagos que en 2022 y 2023 suman aproximadamente u$s 18.000 millones en cada año. Si se opta por un acuerdo de facilidades extendidas habrá que incluir reformas estructurales y consistencia macroeconómica

Eso requiere una mejora paulatina en las cuentas fiscales y acumular reservas internacionales dada el precario punto de partida inicial. Nada muy distinto a lo que planteó el ministro Guzmán en sus presentaciones en el Congreso, posiblemente ajustadas a un punto inicial mucho peor: el déficit primario de este año sería entre 7 y 8% del PIB, más del doble del incluido en esas proyecciones.

¿Cómo pensar la consolidación fiscal en una situación como esta? La forma técnica de resolver el tema es apuntar a un cambio en el déficit primario neutro, ajustado por el ciclo. Eso significa que cualquier mejora en los ingresos fiscales que genere la recuperación económica se destina a reducir el déficit primario, y lo mismo se hace por el lado del gasto primario.

Si la economía mejora, deben reducirse los aportes de ATP e IFE a empresas y familias en forma proporcional. Eso deja de lado la mejora que era necesaria para pasar de un déficit pre-pandemia de 1% del PIB a un superávit primario de 1% del PIB en el mediano plazo que idealmente debería cerrarse por reducciones de gastos (aunque el FMI y el Gobierno parecen más inclinados a cerrar la mitad de esa brecha por suba de impuestos).

De esta forma la política fiscal sería neutra. Pero ¿cómo financiar el desequilibrio durante la transición? Dado el escaso aporte que haría el financiamiento con deuda no parece haber otra opción a seguir cobrando impuesto inflacionario.

Además, la acumulación de reservas también requiere emitir, dejando menos espacio para el fisco para una inflación dada. Sin embargo, esto puede ser viable si se "ancla" dentro de un programa con el Fondo Monetario Internacional que dé un paraguas de credibilidad, pero sería mucho más fácil si además el gobierno anunciara un programa económico que alentara la inversión privada. Para ello, no hacen falta subsidios ni desgravaciones fiscales sino mostrar estabilidad en las reglas de juego y eliminar regulaciones costosas e ineficientes.

Lamentablemente el Gobierno (a veces acompañado por la principal coalición de oposición) van por el camino contrario. Desde Vicentín, Edesur, impuestos extraordinarios a la riqueza (luego de multiplicar por varias veces el impuesto existente), propuestas de reducir las tarifas de servicios públicos, hasta la prohibición de despedir, la duplicación en las indemnizaciones por despido y la ley que regula el Teletrabajo son sólo algunos ejemplos.

Un programa pro-inversión y empleo privado con diseño profesional y consenso político podría convertir la crisis en oportunidad. Claro que llegar a consensos políticos requiere que el Gobierno ponga el foco en la crisis y no trate de aprovecharla para aprobar medidas económicas y no económicas que sólo tienen el apoyo de una minoría dentro de la coalición gobernante.

Ganó el sentido común, pero una vez más tardó demasiado en aparecer

El sentido común suele ser el remedio de muchos males. Pero su presencia como apaciguador de conflictos no siempre está garantizada. Solo se lo percibe cuando emerge, cuando las partes de una disputa lo aceptan y lo transforman en una postura razonable.

Por lo menos eso es lo que sucede en la Argentina, donde la palabra está tan devaluada que ninguna promesa es creíble hasta que se concreta. El presidente Alberto Fernández dejó entrever en varias ocasiones que no tenía intensión de vivir en el marco de un nuevo default. Lo dijo en público y lo repitió más veces en privado. Pero ante la incertidumbre, los inversores estuvieron más dispuestos a creer en la historia que en la palabra del jefe de Estado.

Es cierto que el gobierno argentino hizo un esfuerzo considerable por resolver el problema. Pero una vez más, las palabras parecían estar lejos de los acontecimientos. Los tenedores de deuda no terminaban de interpretar por qué la Argentina arrancó tan abajo una discusión clave para su futuro económico. La primera oferta que hizo a los bonistas tuvo menos de 10% de adhesión. Para los administradores de fondos internacionales, que prestan más atención a los números que a la cara de quien los presenta, esas cifras no eran la traducción de "quiero dejar atrás el default", sino de "ustedes ganaron mucho, ahora les toca perder".

En el mercado ese fue el clima dominante a lo largo de los últimos meses, hasta que el equipo de Martín Guzmán se animó a cruzar los límites que le había sugerido el propio FMI a la hora de proyectar una deuda sostenible, y puso una oferta en el terreno que esperan los acreedores. Ese ida y vuelta permitió acercar posiciones hasta que se llegó a la última brecha. Los analistas habían identificado las diferencias de una y otra propuesta en apenas tres dólares. La frase que acompañó el último tramo de esta pulseada una vez más puso en duda el sentido común: ¿será capaz un país de preferir un default antes que hacer un último esfuerzo?

A juzgar por lo que percibió el mercado, el resultado anticipa una buena noticia para la Argentina. Las partes resignaron un poco cada una y los acreedores recibirán en promedio algo más de u$s 54 por cada lámina de u$s 100 que entreguen en el canje. Para eso fue necesario hacer un último retoque que llegó en tiempo suplementario. Por esa razón la operación no se concretará en los plazos previstos, sino que será necesaria una prórroga para hacer las adecuaciones económicas y legales necesarias. Con todo ese combo en la mano, el Gobierno podrá estar en condiciones, hacia fin de agosto, de cerrar este complejo capítulo.

Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Pero siendo la reestructuración una asignatura tan crítica para la economía local (porque despeja la agenda y libera financiamiento para el sector público y el privado) todavía resta saber por qué el sentido común tardó tanto en aparecer.