Estiman que el déficit fiscal en julio subió 173%. Asegurarse dólares para reactivar, un objetivo básico del plan pospandemia

El déficit fiscal en julio alcanzó los $ 43.417 millones, lo que representa un deterioro del resultado primario de más de 150% en términos reales, causado por el endurecimiento de la cuarentena y la consiguiente parálisis de la actividad que exigió una expansión del gasto público y generó una nueva caída de los ingresos, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los ingresos corrientes en el mes alcanzaron los $ 469.092 millones y fueron un 34,7% superiores a los de julio de 2019 en términos nominales, por lo que contra una inflación de más de 42% en el período la pérdida real es de 5,6%. 

Los ingresos tributarios subieron un 16,9% a $ 207.913 millones, un desplome real de 18,1%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social mostraron una performance similar al totalizar $ 760.444 millones, una caída real de 15,5%. 

La otra gran fuente de ingresos del período fueron las rentas de la propiedad, que incluye las generadas por activos en propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las utilidades transferidas por el Banco Central (BCRA), al totalizar $ 119.339 millones. No obstante, de este aspecto casi todo proviene de la asistencia de la autoridad monetaria, que giró $ 100.000 millones en el mes.

En tanto, el resto de los ingresos sumaron $ 9963 millones, mientras que los ingresos de capital, que no son corrientes, alcanzaron apenas $ 8713 millones.

En lo que va del año, los ingresos alcanzaron $ 3,34 billones, provenientes de las tres fuentes principales: $ 1,35 billones de ingresos tributarios (40% del total), $ 760.444 millones de aportes y contribuciones de la seguridad social (22%) y $ 1,17 billones de rentas de la propiedad, casi todos giros del Central (35% del total).

De esta manera, la asistencia de la autoridad monetaria representó el 86% de lo que ingresó por recaudación de impuestos, sin contar lo embolsado en concepto de seguridad social. Si se contabilizara, la proporción sería de 55%.

Por el lado del gasto público, las partidas treparon un 38% nominal interanual en el mes hasta $ 524.106 millones, lo que significa una baja real de 3,2%, pero menor a la de los ingresos.

Las prestaciones sociales fueron el principal componente, al totalizar $ 332.877 millones (+85,9%), seguido por subsidios económicos ($ 59.983 millones) y gastos de funcionamiento ($ 49.379 millones). Las transferencias a las provincias alcanzaron los $ 29.324 millones y los giros a las universidades, $ 16.017 millones. Además, se pagaron intereses por $ 30.708 millones y el resto de los gastos corrientes fue de $ 5817 millones.

En tanto, se efectuaron gastos de capital, que no son corrientes, por $ 27.825 millones, casi todo por transferencias de capital ($ 19.031 millones). 

Así, el déficit fiscal primario cerró en $ 43.417 millones, mientras que en el mismo mes del año pasado se había registrado un superávit de $ 58.877 millones, lo que representa un deterioro fiscal de 173% nominal y 151% real. No obstante, si se excluyen los $ 100.000 millones girados por el BCRA, el rojo fiscal llega a $ 143.417 millones, un deterioro de 343% en términos nominales.

En el acumulado de los siete meses, el agujero fiscal primario es menor, de $ 15.402 millones, pero si se excluyen los $ 1,1 billones girados por el BCRA el déficit fiscal no financiero ronda los $ 1,18 billones, en torno a 3% del PBI.

Pero los ingresos financieros por la toma de deuda local permitieron al Gobierno hacerse de $ 39.000 millones adicionales en julio. Como el déficit fiscal total, incluido el componente financiero, de julio alcanzó los $ 74.125 millones, si se netea la asistencia monetaria quedaría en $ 174.125 millones y lo captado en el mercado doméstico de deuda representaría un 22% del total. De todas maneras, el dato oficial sobre cuentas fiscales saldrá la semana que viene.

Asegurarse dólares para reactivar, un objetivo básico del plan pospandemia

Hace dos semanas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, fue muy precisa al definir el cuadrante en el que se moverá el Gobierno a la hora de aplicar su plan pospandemia. Los estímulos que aplique el Estado priorizarán a los sectores que demanden menos divisas por la vía de importaciones, y estén en mejores condiciones de generar empleo. Esta visión explicita dos focos que desvelan al Ejecutivo: la administración de las reservas del BCRA, hoy un bien escaso, y el salto en los niveles de pobreza que trajo la crisis del conoravirus. El sector que combina los dos requisitos es la construcción, y por eso el gabinete económico le dedicará una parte importante de las medidas que encargó el Presidente para impulsar una reactivación.

Cuando Alberto Fernández reconoció que algo hay que hacer con el dólar, se refirió a este problema. Sabe que endurecer las compras para atesoramiento implicaría darle a la clase media –fatigada ya por la extensión de la cuarentena- un nueva razón para enojarse con el Gobierno. Pero al mismo tiempo, no encuentran una forma efectiva de asegurarse más ingreso de dólares. El mundo también sufrió la pandemia, y por eso la demanda externa no tracciona como se esperaba, especialmente Brasil. Tampoco ayuda la aparición de una sequía considerable, que debilita el aporte del campo.

La reestructuración de la deuda en moneda extranjera, así como el incentivo a pesificar deuda doméstica quitan presión sobre el frente cambiario. Pero ya sin ello la ecuación sigue siendo compleja. Si la economía se reactiva será inevitable que crezcan las importaciones. Y cuando la vacuna contra el Covid permita retomar el turismo en el exterior, el consumo en dólares volverá a crecer.

Las ideas que discuten en el gabinete respetan el cuadrante mencionado al comienzo. En ese sentido, también se trabaja con sectores que pueden exportar más, como minería y petróleo. En este último caso, el nuevo plan Gas apunta a reducir la importación de energía. También se busca apuntalar a las automotrices y a las empresas que empujan la denominada economía del conocimiento.

Todesca, una vez más, es quien mejor identifica el rumbo en el que trabaja el Gobierno. Ya anticipó que en la pospandemia habrá un acuerdo de precios y salarios. Y para que exista un consenso sobre esa materia, además de preocuparse por la cantidad de dólares, también hay tener políticas que garanticen su estabilidad. Martín Guzmán anota en ese rubro al efecto positivo del canje de deuda. Pero la vicejefa le agrega otro: una reforma impositiva que incentive la producción, el ahorro en pesos y desestimule la compra de moneda extranjera.

En conclusión, el destino del dólar no se definirá solamente en el terreno monetario y financiero. Habrá que esperar algo más que cerrojos y una tasa en pesos real positiva.