Subió el blue y el IPC, el mercado presiona pero el Gobierno no devalúa. Deuda externa. Las empresas argentinas tienen un pasivo de US$81.400 millones

La Argentina tuvo ayer un mal día en materia económica. Volvió a subir el dólar blue y la inflación fue mayor a la esperada. De esta forma, el índice de precios al consumidor (IPC) registró en octubre una suba de 3,8%, el mayor incremento en términos porcentuales del año. Pero alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 4,8%. Con estos números, la inflación tuvo un avance de 26,9% desde enero y de 37,2% si se contabilizan los últimos 12 meses. 

La suba de 3,8% pasó a ser la mayor en lo que va del año, al superar al incremento de 3,3% registrado en marzo pasado, mes en el que se pusieron en marcha las medidas de aislamiento destinadas a morigerar el avance de la pandemia de coronavirus.

Tras la difusión de los números del Indec, desde el Ministerio de Economía subrayaron que para fin de año la inflación minorista cerrará "20 puntos por debajo" de la de 2019, cuando alcanzó al 53,5%, según Télam. 

Está claro que la economía argentina registraba una crisis antes de la pandemia y la cuarentena. La deuda con los acreedores privados era uno de los escollos. El acuerdo fue un alivio. La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se negocia por estos días con la misión del organismo instalada en Buenos Aires por dos semanas. Pero enfrentar la cuarentena con un país con un alto porcentaje de la sociedad bajo la línea de pobreza es tan complicado como negociar con los acreedores o el FMI. 

Esta semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se daba de baja el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La medida que sirvió de paliativo para los sectores más vulnerables durante la cuarentena dejará de beneficiar a cerca de nueve millones de argentinos. En Economía sostienen que no pueden seguir volcando pesos a la calle y por otro lado, entienden que hay una parte de la sociedad que tiene que seguir siendo asistida. Por eso, no es de extrañar que el Gobierno, más allá de dar de baja el IFE, termine resolviendo un subsidio pero sólo para aquellos que sigan sin poder volver al trabajo, o directamente no lo tengan. 

En el mercado creen que el Gobierno va a terminar devaluando. Como contrapartida, Economía insiste en que eso no va a pasar. En primer lugar automáticamente si la pobreza está cerca del 50%, una devaluación empujaría a muchos otros argentinos a ese lugar. También el Gobierno asegura que tiene los dólares, el cepo, un superávit comercial de 12.000 millones de dólares y otras herramientas para capear el temporal y llegar hasta la próxima cosecha sin devaluar. 

En el Gobierno están convencidos, además, de que las presiones del mercado para devaluar son grandes. Por ahora, el que volvió a subir es el dólar blue, importa menos que el contado con liquidación, pero es un norte para los precios.

Deuda externa. Las empresas argentinas tienen un pasivo de US$81.400 millones

La deuda externa del sector privado argentino era hasta mitad de año de 81.401 millones de dólares, nivel que la deja 5,6% por debajo del máximo de US$86.127 millones que alcanzó al cierre del tercer trimestre de 2019, cuando llegó a ese tope después de verse incrementada sostenidamente por la toma de préstamos y emisiones financieras desde 2017.

El dato aparece en el informe sobre Deuda Externa Privada que vuelve a emitir el Banco Central (BCRA) después de ser discontinuado en 2017, dado que regía una desregulación del mercado de capitales, razón por la que la entidad había delegado en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) esa tarea como parte del balance de pagos.

El informe detalla que la deuda externa privada por exportaciones de bienes totalizó US$5750 millones a fines de junio de 2020, mostrando una baja trimestral de US$1612 millones. De ese total, la deuda con acreedores relacionados era por US$1080 millones, mientras que la contraída con el resto de acreedores totalizaba US$4670 millones.

Por su parte, la deuda externa por importaciones de bienes totalizó US$22.912 millones al cierre del segundo trimestre, lo que supone una cancelación neta de US$1011 millones con respecto al trimestre previo y de US$953 millones con respecto al mismo periodo del año previo. Y la deuda externa por servicios totalizó US$7571 millones, cifra que supone una caída de US$88 millones respecto al fin del trimestre anterior, pero un aumento interanual de US$1594 millones.

La mayor parte de esta deuda de origen comercial tiene vencimiento dentro del próximo año.

Por último, la deuda externa privada financiera totalizaba a mitad de año los US$45.169 millones y está compuesta por US$27.290 millones por préstamos con bancos u organismos multilaterales y otros US$16.546 millones mediante la emisión de bonos en los mercados. Ese total supone una baja en términos interanuales de US$743 millones, pero sus plazos de vencimiento son más laxos, en especial en el caso de los bonos.

El informe detalla que entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, la deuda externa privada total creció en US$10.634 millones, un aumento explicado principalmente por el incremento de US$7662 millones de la deuda financiera. Ese concepto oficial, un tanto restringido, no repara que algunos de esos ingresos fueron utilizados para concretar compras de equipamiento o realizar inversiones en la economía real.

Con el cierre de los mercados para Argentina, por los problemas con la deuda soberana, el sector privado se vio obligado a cancelar deuda externa de forma neta por un total de US$3442 millones desde inicios del año en curso.

El 79% de esas cancelaciones (unos US$2749 millones) fueron en concepto de prefinanciación y anticipo de exportaciones, en parte porque las empresas no tenían quienes las financien y en parte porque buscaron asegurar su acceso al mercado de cambios para bajar pasivos, previendo que la crisis de reservas podría derivar en un nuevo salto devaluatorio.

Dichas cancelaciones, en algunos casos anticipadas, fueron las que llevaron al BCRA a introducir desde el pasado mes de mayo una serie de medidas para ordenar el pago de obligaciones externas comerciales y, desde mediados de septiembre, para forzar a una veintena de empresas a refinanciar las deudas de origen financiero de vencimiento en el semestre siguiente.