El FMI no tiene apuro por cerrar un acuerdo con el Gobierno

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en un reciente diálogo con el presidente Alberto Fernández.

El mes de mayo era la meta deseada por el Gobierno para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero ese objetivo comenzó a desvanecerse a medida que pasaba el tiempo y las necesidades oficiales en un año electoral no comulgaban demasiado con los ajustes que anhela el organismo. Pero en Washington estiman que el Fondo tampoco tiene apuro en llegar a un acuerdo: apuntan a que el que se firme sea un programa durable, que se pueda implementar, con consenso interno, un requisito que sin dudas se complica por las elecciones legislativas de octubre.

Consultado por Clarín, un portavoz del Fondo dijo escuetamente que continuaban las conversaciones “muy constructivas” con las autoridades argentinas mientras el Gobierno trabaja en diseñar un plan económico “que pueda ser apoyado por un programa del Fondo” y en “construir un amplio apoyo a las políticas que sustentarían un programa de ese tipo”.

Y recordó recientes palabras de la directora gerente, Kristalina Georgieva, de que “llegar a un acuerdo en mayo requerirá más esfuerzos de ambas partes”. Ese mes es cuando se vence una deuda con el Club de París y es deseable antes un programa con el Fondo.

El Gobierno busca firmar un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas, que tiene plazos de devolución hasta 10 años, en remplazo del Stand By de 57.000 millones de dólares que se otorgó en 2018 (desembolsados 44.000), que tenía vencimientos a 5 años hoy considerados impagables.

Una idea que se alimentó en las últimas semanas desde la vicepresidencia de Cristina Kirchner es buscar que el Fondo duplique el plazo de pago para que el próximo acuerdo se estire a 20 años. Sin embargo, esta medida no parece tener chances de prosperar, más allá de la voluntad política, por la propia burocracia del Fondo.

Al respecto, el portavoz del FMI citó la normativa: “Los desembolsos como préstamos de Facilidades Extendidas deben ser pagados en un término de entre 4 años y medio a 10 años en 12 pagos semianuales. Estos plazos se aplican de manera uniforme a todos los países”.

Para cambiar estos parámetros, que nunca han sido modificados desde se adoptó este instrumento en 1974, los miembros del Directorio Ejecutivo deberían votar por modificar directamente la regla no solo para el caso argentino sino para todos los integrantes del organismo, algo que en Washington se estima que es muy poco factible que suceda.

Héctor Torres, que fue representante argentino en el Fondo, dijo a Clarín que podría haber otra opción: "Dos acuerdos de Facilidades Extendidas, (de 10 años cada uno), uno detrás de otro. La pregunta es: ¿Queremos vivir 20 años bajo programas del FMI?"

Analistas que siguen el caso argentino en Washington entienden que hay en marcha un proceso de recuperación de la economía argentina, en parte generado por circunstancias externas favorables como el aumento internacional de los precios de las materias primas y también el clima, que traerá una buena cosecha en marzo y abril que generará dólares frescos.

Además, admiten que hay una pequeña recuperación de reservas y que la presión cambiaria disminuyó últimamente gracias a ciertas acciones del Gobierno como el alza de las tasas de interés y también por un menor déficit fiscal de lo previsto (6,5% en lugar de 8,5%).

Sin embargo, hay alertas por la inflación, que se cree que es el foco de la atención del Fondo ahora. En Washington consideran que los precios suben por los desbalances macroeconómicos, el déficit y la emisión. Y que, si bien el Gobierno está trabajando en ciertas políticas para contenerla, todo está supeditado al ambiente electoral y, sobre todo, a la búsqueda de consenso interno en un año difícil.

En este contexto el acuerdo con el FMI se demora. No hay entre las partes diferencias sustanciales en las políticas sino en cuál es el balance entre reducir la inflación y apoyar la recuperación. Si el ajuste fiscal o la reducción de la emisión deben ser procesos más acelerados

Se considera que, aunque díficil, mayo es todavía una meta posible para llegar a un acuerdo, incluso puede surgir un clima más favorable al consenso cuando se vean los efectos de la liquidación de la cosecha de abril y mayo. Pero es poco probable que eso alcance.

Según se estima en Washington y Buenos Aires, el FMI y el Gobierno estarían discutiendo reformas estructurales fundamentalmente en cuatro áreas: consolidación fiscal (déficit, subsidios); desarrollo del mercado de capitales; medidas para aumentar la productividad agro industrial (regulaciones que den un marco de previsibilidad a las inversiones) y en temas de gobernanza, como mejoras en el manejo del sector público, temas de lavado de dinero y otros.

Diseñar y consensuar estas reformas toman tiempo y se requiere un trabajo lento de la sociedad. Los analistas creen que el Fondo buscaría dar pequeños pasos. Construir lentamente esos cambios para ir en la dirección correcta. No hay apuro por cerrar: lo ideal sería un buen acuerdo que el Gobierno pueda implementar. No se apurarán si no se puede. Mejor ser pacientes y firmar algo que se pueda cumplir.