Martín Guzmán y el kirchnerismo siguen sin ponerse de acuerdo por subsidios y tarifas. Empresarios piden reglas económicas iguales a las de los países vecinos

Martín Guzmán y Cristina Kirchner, dos opiniones diferentes.

La definición de las tarifas de luz y gas entró en la recta final. El próximo 1 de abril deberán existir nuevos cuadros tarifarios. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, que tiene bajo su ala la secretaría de Energía, no parece haber alcanzado un acuerdo con los sectores más kirchneristas de la coalición oficialista en este terreno. En particular, con Federico Bernal, el interventor del Enargas, el ente regulador del gas.

El funcionario sostuvo que tiene “diferencias” con Guzmán en torno al futuro de las tarifas. Cuanto menor sea el aumento a los usuarios, mayor será la necesidad de subsidios. “No está cerrada la discusión al respecto, no está definido aún y se va a terminar de definir en las próximas semanas”, expresó Bernal.

Guzmán repitió que quiere mantener los subsidios energéticos durante 2021 en la misma proporción que en 2020. Eso representa un 1,7% del total del PBI, y así lo refleja la ley de Presupuesto. Para no subir el gasto público, hay que subir las tarifas un mínimo de 30%, con picos de hasta 50%-60% en sectores de mayores ingresos.

“Podemos tener diferencias, pero las conversamos, las salvamos, las tratamos como las diferencias que existe en cualquier equipo de trabajo”, dijo Bernal en una entrevista en “Radio con vos”. “Va a haber una actualización tarifaria”, confirmó el funcionario. La duda es si será del 7% al 9%, como argumentan los sectores más vinculados al Instituto Patria, o merodeará el 30%, como gustaría en Economía.

En el Gobierno también hacen hincapié en el discurso del presidente Alberto Fernández, sobre desdolarización de las tarifas, Hay quienes creen que puede aparecer algún proyecto de ley de emergencia que modifique aún más la discusión actual, en favor de posiciones más cercanas a las de Bernal que a las de Guzmán.

En estos días, tanto la Secretaría de Energía como las empresas licenciatarias de gas domiciliaria hicieron propuestas y comentarios sobre las tarifas de 2021.

Si se siguen las indicaciones de la Secretaria de Energía y las distribuidoras de gas, las tarifas deberían aumentar entre 53% y 57%. Esto es para mantener los subsidios en las condiciones actuales y que las distribuidoras hagan inversiones mínimas, lejanas a cualquier plan de mejora.

La Secretaría de Energía asumió el compromiso de comprar gas en dólares. Para poder cumplirlo, necesita que los hogares paguen más por el gas que consumen. O que el Estado le otorgue un subsidio mayor al autorizado en la ley de Presupuesto.

“La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado de $ 132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto nacional 2021, generando una faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales”, plantea Energía en un informe. Por allí también admiten que el discurso del presidente frente al Congreso podría generar alguna modificación de planes.

Para que los usuarios mantengan su actual proporción del costo del gas (el 40%), el pago por ese insumo debería aumentar un 63%. Eso implica un incremento en las facturas finales de 26% en marzo y 35% en julio.

La Secretaría de Energía ya puso a disposición este informe, en el que considera distintas variantes sobre niveles de subsidios. En la audiencia pública, informará qué costo tiene el subsidio estatal al costo del gas. Si el Estado nacional decide subsidiar un 70% del costo del gas (es decir, más que ahora), la erogación llegaría a $ 155.000 millones. Y se decide subvencionar el 90% del costo del gas, se irían $ 200.000 millones.

En invierno habrá que recurrir a importaciones de gas en barcos y reforzar el contrato de abastecimiento desde Bolivia. El gas que se compra afuera es más caro que el de producción local.

Ya sea para mantener los subsidios actuales (o incluso mayores), Economía deberá asignar mayores partidas de las previstas. La estrategia puede redituar votos, pero impactará en las cuentas fiscales.

La factura de gas está compuesta por ese insumo, más los servicios de distribución y transporte, e impuestos.

De mantenerse la actual proporción de subsidios (60% del costo a cargo del Estado), los clientes -por ejemplo los R3, consumos medios- pasarán de pagar una boleta de $ 705 en marzo a una de $ 2.169 en julio.

Las distribuidoras de gas solicitarán una recomposición de entre 51% y 148% en la audiencia pública de tarifas que tendrá lugar en dos semanas. Pero esa suba tampoco llegará directamente a las boletas porque ese aumento irá a mejorar sus márgenes y el servicios de distribución es (con transporte) cerca de otra mitad de la boleta. Así, el impacto del componente "distribución" podría traducirse en un alza de entre 15% y 25% en el escenario más prudente (ver aparte).

La propuesta de aumento comprende hasta diciembre de 2021, por la emergencia. Desde 2022, las compañías esperan que el régimen de revisión tarifaria integral (RTI) se haya regularizado.

Empresarios piden reglas económicas iguales a las de los países vecinos

Martín Guzmán dice que quiere tranquilizar la economía. Recibirá el reclamo de los empresarios

Los presidentes de decenas de compañías nucleados en el Foro de Convergencia Empresarial empezaron a distribuir una carta donde les piden al Gobierno nacional, a los gobernadores, a diputados y senadores nacionales y a los intendentes de las principales ciudades del país que se enfoquen en generar algo muy concreto: reglas de juego que permitan a las empresas locales operar en un contexto macroeconómico similar al que se observa en la mayoría de los países de la región.

Puntualmente, el documento, que se aprobó este miércoles por unanimidad y que se dará a conocer entre hoy y mañana, reclama que la clase política se ponga a trabajar rápídamente para que la Argentina tenga en el menor tiempo posible una inflación similar a la de los países vecinos, menores tasas de interés para financiar la inversión, y una fuerte reducción de la presión fiscal en todos los niveles -nacional, provincial y municipal- como para que las firmas locales estén en condiciones de poder competir de igual a igual por los flujos de inversión globales.

En el Foro participan los presidentes de las principales compañías presentes en el país, así como los titulares de las diversas cámaras empresarias. Miguel Blanco es el coordinador.

Según pudo saber Clarín, en la reunión plenaria que se realizó este miércoles, los CEOs que participan del Foro de Convergencia Empresarial resolvieron enviar una carta a toda la dirigencia política pidiendo las mismas condiciones macroeconómicas que el resto de America Latina.

​ Fuentes que participaron de dicha reunión advirtieron que “la idea detrás de este documento es muy sencilla: para crear riqueza y salir de la pobreza hay que fomentar la inversión privada, y para ello se necesitan condiciones similares a las que tienen las empresas que operan en países vecinos, porque sino se hace imposible”.

Los empresarios enumeraron el drama de la inflación que desde hace rato está instalada en dos dígitos en la Argentina, cuando en la región la inflación promedio es inferior al 5% anual.

La presión fiscal, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal fue un tema central de discusión. Se tuvo muy presente que con la ruptura del pacto fiscal muchas provincias se alistan a elevar las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos. Y se mencionó también la infinidad de tasas municipales que aparecen constantemente en todo el país.

Sobre la cuestión tributaria, se mencionó un documento del Banco Mundial, donde se menciona que las empresas argentinas dejan en los fiscos un monto similar al que obtienen por utilidades, cuando el promedio de la región es menos de la mitad que esa cifra.

También se puntualizó el elevado riesgo país, que al nivel actual -arriba de los 1500 puntos básicos- se ha convertido en una barrera prácticamente infranqueable para obtener financiamiento en los mercados internacionales.

Es una variable que refleja el fracaso del canje de deuda. Hoy los bonos argentinos están rindiendo cerca del 20% anual. Es una tasa que refleja la casi certeza de los mercados financieros de que la Argentina volverá a incurrir en el incumplimiento de sus compromisos.

El documento no presenta propuestas específicas para transitar el camino hacia ese deseado contexto macroeconómico. “No las pusimos porque es responsabilidad de los gobiernos solucionar este grave problema, aunque siempre estaremos dispuestos a participar de cada convocatoria que nos hagan”, concluyeron

No es el primer comunicado en el que el Foro expresa la preocupación por la situación económica. 

En septiembre, la entidad afirmó que desde su creación sostuvo “la importancia del respeto a la propiedad privada, al cumplimiento de los contratos y la estabilidad de las reglas de juego, para mantener y promover la inversión privada y generar empleo genuino en el sector formal de la economía”.

En ese marco, subrayó la “crucial importancia” del sector privado en el contexto actual, ya que la pandemia y la cuarentena obligatoria “han tenido y van a tener en el futuro impactos económicos importantes, con quiebras y cierres de empresas y pérdida de empleos”.

“La situación económica, producto de una larga recesión, con déficit fiscales elevados e imposibilidad de obtener nuevo financiamiento en el corto plazo, a pesar de la renegociación de la deuda externa, hacen imperiosa la promoción de la inversión privada para ayudar a la reactivación de la economía”.