La baja de la calificación de la deuda de EE.UU. de Fitch tiene una lógica política

A veces, los dioses de las finanzas ofrecen coreografías que podrían hacer reír a los historiadores del futuro. Esta semana en Estados Unidos se ha producido uno de esos momentos.

El martes, el fiscal especial Jack Smith anunció una nueva y contundente acusación contra el expresidente Donald Trump por lanzar supuestamente "un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense".

Y ese mismo día, la agencia de calificación crediticia Fitch despojó a EE.UU. de su consagrada etiqueta AAA, haciéndose eco de una medida similar adoptada en 2011 por Standard & Poor's. Esto significa que dos de las tres grandes agencias de calificación han rebajado la calificación de los bonos del Tesoro, sin tener en cuenta que supuestamente definen la referencia "sin riesgo" para las finanzas mundiales.

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A primera vista, estos dos anuncios podrían no parecer relacionados, y ciertamente no estaban coordinados. Pero la coincidencia es simbólica. Lo que señalan colectivamente es que la economía política de EE.UU. se adentra en terreno desconocido, con una gama alarmantemente amplia de posibles resultados. Los inversores deberían tomar nota, independientemente de su opinión sobre la sensatez de la decisión de Smith o de Fitch.

Para entender por qué, vale la pena examinar los detalles del anuncio de Fitch. En las últimas décadas, las agencias de calificación han evaluado la solvencia de EE.UU. principalmente analizando sus fundamentos económicos y financieros. Como cualquier estudiante de finanzas sabe, una diferencia entre los mercados emergentes y los países desarrollados es que los primeros se han considerado tradicionalmente más propensos al riesgo político, y los países desarrollados menos.

En el anuncio del martes, los analistas de Fitch citaron debidamente algunas estadísticas. "Esperamos que el déficit de las Administraciones Públicas aumente hasta el 6,3% del PBI en 2023, desde el 3,7% en 2022, reflejando ingresos federales cíclicamente más débiles, nuevas iniciativas de gasto y una mayor carga de intereses", señalaron, pronosticando "un mayor aumento hasta el 6,9% del PBI en 2025".

Mientras tanto, "se espera que el ratio intereses-ingresos alcance el 10% en 2025 (frente al 2,8% de la 'AA mediana' y el 1% de la 'AAA mediana') y "se prevé que la ratio de deuda/PIB [alcance] el 118,4% en 2025... dos veces y media por encima de la 'AAA' mediana del 39,3% del PBI". En pocas palabras: los datos de deuda de EE.UU. son mucho peores que los de cualquier otro país de máxima calificación, y es probable que empeoren.

Por supuesto, como muchos economistas replicaron airadamente, EE.UU. no es exactamente un país "normal". Como goza del "exorbitante privilegio" de imprimir dólares, siempre puede pagar sus deudas, si quiere.

Por otra parte, la propia Fitch señaló que algunas de esas estadísticas de deuda han mejorado recientemente: la deuda en relación con el PBI, por ejemplo, será "sólo" del 112% en 2023, frente al 122,3% en 2020. No es de extrañar que Janet Yellen, secretaria del Tesoro, calificara la rebaja de "arbitraria y basada en datos desactualizados".

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Pero lo que muchos críticos no han comprendido es que esta rebaja no tiene tanto que ver con la economía como con la política, o la "gobernanza", por utilizar el eufemismo cortés que la agencia de calificación cita repetidamente. Porque incluso si Washington puede teóricamente pagar sus gastos y recortar su deuda, eso no significa que realmente lo haga; o no con un 100% de probabilidad. Hay una nueva ola de riesgo político.

Una señal de ello es que siguen estallando amargas batallas en el Congreso en torno al techo de la deuda. Y aunque el último enfrentamiento de este tipo se resolvió en junio, los gritos -y las amenazas de un cierre [shutdown] del gobierno- pueden volver esta primavera cuando se reanuden las negociaciones sobre el presupuesto para 2024.

La cuestión más general, sin embargo, es que el ecosistema político está tan polarizado que es difícil imaginar que el Congreso tome las medidas sensatas necesarias para abordar los problemas fiscales de EE UU. Entre ellas, la elaboración de un proyecto de ley bipartidista para revisar la seguridad social, la revisión del gasto y la reforma del sistema tributario. No ha habido ninguna iniciativa seria en este sentido desde la comisión Simpson-Bowles de 2010, que fracasó.

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Por eso es importante la coreografía accidental de esta semana. Si la embestida legal de Smith saca a Trump de la carrera electoral de 2024 de un modo que le permita a las fuerzas políticas centristas imponerse, es posible imaginar un escenario en el que puedan surgir políticas fiscales bipartidistas sensatas en el Congreso para hacer frente a esa deuda.

Pero por ahora Trump lidera el campo republicano, con cierta diferencia, y las acusaciones están energizando a su base. En el mejor de los casos, esto garantizará que la carrera de 2024 esté fuertemente polarizada, haciendo imposibles las iniciativas bipartidistas. En el peor de los casos, siTrumpvuelve a ganar la presidencia (lo que no puede descartarse), se desatará una profunda incertidumbre política.

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Al fin y al cabo, se trata de un populista que ha prometido vengarse de sus enemigos destripando la administración pública. La última vez que ocupó el cargo amenazó la independencia de la Reserva Federal, aplicó grandes recortes fiscales sin financiación y no bajó el gasto. Más recientemente, ha prometido bloquear las reformas de la seguridad social o Medicare, y ha prometido prorrogar los recortes fiscales a punto de expirar.

Así que, aunque parezca justo cuestionar parte de la lógica económica -así como el timing- de la decisión de Fitch, los temores de la agencia de calificación sobre el aumento del riesgo político parecen acertados. Lo que realmente revela la pérdida de la etiqueta AAA es que EE.UU. está siendo juzgado menos como un país desarrollado y más como un mercado emergente. El Tío Sam debería llorar.