La política jugó con fuego y los mercados tomaron nota

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La política jugó con fuego en mayo y los mercados tomaron nota. La Ley de Bases y el paquete fiscal entraron al Senado el 7 del mes pasado y languidecieron allí por semanas sin obtener dictamen. Mientras tanto, el riego país subió de 1208 a 1444 puntos y el peso se depreció de 1078 a 1252 en el dólar contado con liqui. Ambos indicadores bajaron solamente en los últimos días, una vez que hubo dictámenes de las comisiones.

Una comparación con Uruguay está a la orden del día. Apenas asumió la presidencia el 1° de marzo de 2020, Luis Lacalle Pou envió una ambiciosa pieza de legislación al Congreso, la Ley de Urgente Consideración. Con 476 artículos, incluía medidas de salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad y economía. El Frente Amplio, principal coalición de oposición, apoyó aproximadamente la mitad de los artículos en el Congreso. Un océano de diferencia con el kirchnerismo/peronismo, que cuando está en la oposición se dedica a bloquear al gobierno de turno que, a su vez, intenta rectificar los descalabros que él deja, y que cuando está en el gobierno se dedica a voltear todo lo hecho por la gestión anterior.

El ejemplo de Uruguay nos muestra que no toda la culpa por la situación actual es de la oposición peronista/kirchnerista. Para llegar al gobierno y para lograr mayorías parlamentarias, Lacalle Pou enhebró una compleja coalición, que incluía a su partido (Nacional), al partido Colorado y al emergente y derechista Cabildo Abierto, entre otros. La negociación con estos bloques fue esencial antes del envío del importante paquete legislativo. Aquí el Gobierno sigue sin forjar ni siquiera una coalición minoritaria con el PRO, su aliado más cercano, al cual está intentando descuartizar de a poco. Y, valga la aclaración, en Uruguay los bloques aliados al gobierno del presidente votaron a favor de la ley. Otro océano de diferencia con los bloques no peronistas/kirchneristas de este lado del Río de la Plata, que jugaron con fuego defendiendo, en su mayoría, intereses mezquinos.

Mezquindades

El caso de Ganancias, que fue la principal traba en las negociaciones estas semanas, ilustra muy bien el tamaño de esta mezquindad. La Argentina recauda muy poco en concepto de impuesto a las ganancias personales. En 2022 representaba el 9% de la recaudación total, según un estudio de la OCDE, comparado con el 24% promedio de los países miembros de ese organismo. Hasta agosto de 2023, el impuesto tenía una estructura muy poco progresiva, ya que la tasa marginal subía rápidamente. Es decir, se les aplicaban a trabajadores de ingresos medios –en términos relativos a nuestro empobrecido país—tasas impositivas iguales a los de mayores ingresos.

La des-solución propuesta por el gobierno anterior, y votada por el ahora presidente Javier Milei en el Congreso, fue subir sustancialmente el mínimo no imponible, haciendo que la mayoría de los trabajadores dejen de tributar. La consecuencia fue una fuerte caída en la recaudación, con consecuencias para el gobierno nacional y las provincias, ya que se coparticipa en un 58,76%.

La propuesta del Gobierno es muy superadora de las dos anteriores versiones, ya que las escalas impositivas (la tasa que se aplica en cada tramo de ingreso) aumentan gradualmente, haciendo al impuesto realmente progresivo.

“La Ley de Bases y el paquete fiscal entraron el 7 de mayo al Senado y no tuvieron dictamen durante semanas; mientras tanto, subió el riesgo país y el peso perdió valor”

Para lograr el dictamen, se cedió ante los gobernadores de la Patagonia y se elevó en un 22% el mínimo no imponible en esas provincias. Son las mismas que se van a beneficiar con la rebaja de impuestos nacionales a causa del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y también las mismas que reciben cientos de millones de dólares en regalías petroleras.

El caso de Neuquén es impresionante: según Mejorenergía.com.ar la provincia recibirá US$1670 millones por regalías petroleras y gasíferas este año, casi US$200 por habitante por mes. El advenimiento de grandes inversiones mineras y petroleras creará un país dual: de un lado, las provincias petroleras y mineras serán una especie de Arabia Saudita y, además de las cuantiosas rentas petroleras o mineras, reciben recursos de la coparticipación de impuesto nacionales y gozan de regímenes especiales, como el de Ganancias, combustibles, gas por zona fría, y muchos otros más. Del otro lado habrá un país sobreendeudado, empobrecido y sujeto a altos impuestos nacionales.

Una aprobación que resulta crucial

Pese a estos despropósitos, el Gobierno hizo lo correcto al ceder en el Senado. La aprobación de la Ley de Bases y del paquete impositivo es crucial para Milei. La principal razón es la señal que se envía. La historia de América Latina, que combina sistemas presidenciales con una alta fragmentación política, es muy mala para los presidentes minoritarios como Milei: una investigación del uruguayo Daniel Chasquetti muestra que lo más probable es que no terminen bien sus mandatos. El mundo inversor conoce eso y mira atentamente si Milei podrá impulsar su agenda legislativa en el Congreso.

La ayuda con la que cuenta hasta ahora el Presidente es que conserva una elevada popularidad. Para mantenerla es importante que la economía salga de la fuerte recesión en la que está inmersa, y para eso este paquete legislativo puede jugar un rol importante en dos dimensiones. El primero es que la Ley de Bases generará oportunidades de inversión y, por tanto, de crecimiento, tanto por el RIGI como por las privatizaciones y las desregulaciones adicionales que permitiría. El segundo es el impacto fiscal de la ley, que incluye los impuestos a las ganancias y a los cigarrillos, la intervención en los fideicomisos, las privatizaciones y una moratoria, entre otros. En total, aportará más de 1% del PBI entre mayores ingresos y menores gastos.

“Para lograr el dictamen se cedió con el impuesto a las ganancias ante de los gobernadores de la Patagonia, provincias que tendrán también otros beneficios”

La mejora de la situación fiscal es muy importante para la economía, porque permitiría seguir reduciendo el riesgo país. Eso es crucial por dos razones. Una es que es fundamental para que la Argentina pueda acceder nuevamente al mercado internacional de deuda. Esto es importante, dado que la reestructuración de deuda impulsada por el gobierno de Alberto Fernandez resultó en un esquema de pagos muy bajos durante su mandato, pero que suben fuertemente desde 2025. Es necesario bajar el riesgo país para evitar caer en un nuevo default.

La segunda razón es que, cuando se calcula la tasa de interés para evaluar proyectos de inversión en el sector privado, una práctica común en mercados emergentes es partir de la tasa de interés de un proyecto de inversión similar en los Estados Unidos y sumarle el riesgo país. Si éste sigue elevado, la tasa requerida para los proyectos locales es tan alta que muy pocos se terminan implementando. Para poner un ejemplo: si la tasa de descuento para un proyecto en el sector de bebidas en los Estados Unidos es de 9%, a un proyecto similar en la Argentina se le hubiese pedido un retorno anual del 23,4% hace una semana, probablemente haciéndolo inviable.

Lo que parece olvidar parte de la oposición, tanto la peronista/kirchnerista como parte de lo que fue Juntos por el Cambio, es que la situación fiscal es muy frágil. Los números son mucho peores de los que presenta el Gobierno, que argumenta que tuvo un superávit fiscal de $1,4 billones en el primer cuatrimestre, no solo porque ese número deja de lado muchas cuentas impagas –como las de Cammesa–, sino más que nada por cómo se computan los intereses de la deuda.

Cuando el Gobierno presentó su plan fiscal para 2024, argumentó que la carga de intereses de la deuda sería del 2,2% del PBI. Este número es menor que en los Estados Unidos, pese a que la tasa de interés allí es mucho más baja. ¿No les suena raro? La realidad es que al emitir deuda indexada al CER o al dólar, o deuda llamada cupón cero, la carga de intereses baja, pero la deuda crece un montón.

Me voy a explicar con un ejemplo, haciendo uso de la broma de que los economistas realizamos supuestos irreales. Supongamos que sabemos con certeza que la inflación de 2025 será del 10%. Llegado el 31 de diciembre de este año, el Gobierno nos ofrece dos bonos de un año de duración. En el primero, le prestamos $100 y nos paga un interés del 11%. Al final de 2025 tendremos $111. Otra alternativa es un bono indexado al CER (inflación) más una tasa del 1%. También en ese caso “sabemos” que tendremos $111 a fines de 2025, porque el capital del bono será de $110 por la actualización por CER del 10%. Seríamos en este caso indiferentes entre cualquiera de las dos opciones. Pero estas no son indiferentes para las finanzas públicas. En el primer caso, el gobierno registrará pagos de intereses por $11; en el segundo, por $1. En el primer caso, sin embargo, la deuda al final de 2025 será de $100, mientras que en el segundo será de $110. El gobierno anterior subió el porcentaje de bonos indexados (al CER y/o al dólar) del 8,5% del total de la deuda al 25,3%, práctica que profundizó la actual administracion. Esto está permitiendo bajar la carga de intereses registrados, pero la deuda no para de crecer: entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 subió, por la aceleración de la inflación, en más de US$32370 millones, superando los US$400.000 millones.

Es decir, la Argentina, pese a los importantes esfuerzos realizados por el Gobierno, sigue con una situación fiscal muy precaria. Es hora de votar las leyes y de continuar debatiendo cómo mejorar urgentemente la situación fiscal, antes de que sea nuevamente muy tarde.

Marcos Buscaglia

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