Qué propone el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones
El RIGI brinda herramientas para fortalecer el comercio internacional; cuáles son los detalles de esta normativa presente en la Ley Bases y cómo debe aplicarse
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La Ley Bases crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que pueden tener un fuerte impacto en el comercio internacional. El RIGI es probablemente el programa de incentivos más ambicioso, completo y mejor estructurado de las últimas décadas y refleja un esfuerzo importante por tratar de solucionar las deficiencias de los regímenes anteriores y brindar las mayores garantías sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
Los beneficiarios del RIGI son principalmente los vehículos de proyecto único (VPU), es decir que lleven adelante un solo proyecto y no múltiples actividades. Los VPU deben ser titulares de una o más fases de un único proyecto que cumplan los requisitos para calificar como Gran Inversión. Este tipo de inversión se define como aquella que alcanza al menos US$200 millones, con un desembolso mínimo del 40% del capital en los dos primeros años y un plan de repago a largo plazo.
Además, la inversión debe ser en uno de los sectores estratégicos seleccionados en la Ley Bases: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo o gas. Si la inversión es igual o superior a US$1000 millones y permite posicionar a la Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados en los que aún no tenga participación relevante, puede ser calificada como de “Exportación Estratégica de Largo Plazo” y obtener los beneficios e incentivos adicionales.
El vehículo que cumpla con estos requisitos y se registre en el RIGI, se beneficiará de importantes incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. Los principales incentivos son tributarios, que incluyen la reducción de la alícuota al impuesto a las ganancias al 25%, la amortización acelerada de las inversiones, una mayor flexibilidad en la deducción de quebrantos, y una reducción temporaria del impuesto a los dividendos.
Además de los incentivos tributarios, el RIGI también ofrece beneficios aduaneros significativos. Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes e insumos tienen una exención de derechos de importación, tasa de estadística y de cualquier régimen de recaudación tributaria. Este beneficio también se extiende a los proveedores del VPU que importen mercadería destinada al VPU para asegurar este beneficio en toda la cadena. Asimismo, se establece una exención absoluta de derechos de exportación para las exportaciones realizadas después del tercer año de la inscripción al RIGI.
Los VPU también tienen asegurado un porcentaje de los cobros de exportaciones que podrán mantener en el exterior, estando exceptuados de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado oficial de cambios las mismas. El porcentaje de la exportación exento comienza siendo un 20% luego del segundo año de la puesta en marcha el VPU y alcanza el 100% transcurridos cuatro años desde esa fecha. También tiene ventajas adicionales, como la posibilidad de mantener en el exterior, como fondos de libre disponibilidad, los fondos recibidos por aportes de capital y préstamos. En caso que el VPU decida ingresar al país y liquidar por pesos esas divisas, no se aplicarán las restricciones cambiarias al pago de dividendos o de intereses, según sea el caso y también podrá repagar el préstamo o repatriar la inversión hasta los montos ingresados y liquidados.
Para asegurar que los beneficios se mantendrán por un tiempo suficiente para asegurar la viabilidad del proyecto, los VPU gozan de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.
El RIGI en gran medida está diseñado para incrementar la capacidad exportadora de la Argentina, creando incentivos para las grandes inversiones necesarias para desarrollar los sectores claves para la inserción de la Argentina en el mundo. En caso de ser exitoso, implicaría un cambio radical en el comercio internacional argentino
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