Ante el retiro de depósitos por parte de ahorristas que ya roza los u$s 4000 millones desde las PASO, y que el viernes recrudeció luego del golpe a los fondos comunes de inversión, el Gobierno finalmente se resignó a imponer su propio cepo cambiario. Con la intención de que el peso de las trabas no recaiga sobre inversores minoristas, el Banco Central (BCRA) puso un tope alto, de u$s 10.000 por mes, para las compras de particulares. Turismos y gastos con tarjeta no tendrán límites. Tampoco importaciones. Sólo las empresas no podrán atesorar dólares, aunque si comprarlos para pagar deudas y otros fines. Y, para dar oferta, las cerealeras vuelven a tener plazos para liquidar divisas.
La batería de medidas cambiarias intenta crear un esquema de controles de cambio sin ahuyentar al ahorrista de a pie. Hay controles diferenciales para personas humanas y personas jurídicas.
Los particulares podrán comprar hasta u$s 10.000 mensuales, un monto difícilmente alcanzable para la mayoría (en julio el 69% de los compradores se llevaron montos menores a ese, y el promedio fue de algo más de u$s 1400 por persona). Encima de esa cifra, requerirán autorización previa.
Para las empresas, las trabas serán más duras. Podrán comprar divisas para pagar importaciones, podrán hacerlo para cancelar deudas y también para toda necesidad operativa. Pero necesitarán autorización previa si compran para atesoramiento. Lo mismo si compran para distribuir utilidades.
Desde el punto de vista de la oferta, por otro lado, les tocará otra vez a las cerealeras poner los dólares. Después de que fueran eliminados durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del BCRA, vuelven los plazos máximos para liquidar divisas de exportaciones.
Los exportadores deberán liquidar sus divisas dentro de los 5 días hábiles posteriores al cobro de la operación o 180 días después del permiso de embarque. El plazo más corto que surja de aplicar estos dos topes. Para exportaciones de commoditties las normas serán aún más estrictas. Esos 180 días se reducen a 15. A falta de oferta voluntaria, van por los sojadólares.
Es esperable, lo admiten en el Gobierno, que el control de cambios haga despertar a las cotizaciones paralelas del dólar. Al blue no lo pueden controlar, pero intentaron limitar a otra alternativa, legal: el contado con liquidación. Los bancos no podrán operarlo. Aunque sociedades de Bolsa y otras entidades podrán seguir vendiendo divisas por esa vía, que recurre al mercado de bonos.
Pero, además, la normativa trata de tapa otras vías de escape de la pulsión por comprar dólares. La comunicación A 5770 que establece el nuevo esquema consta de 23 puntos que, entre otros, limita las operaciones cambiarias intra empresa (filiales locales de empresas extranjeras supieron eludir los controles por esa vía, tomando y devolviendo préstamos entre ellas.
También, por ejemplo, los no residentes tendrán un tope de compra por u$s 1000 mensuales, no se permitirán precancelaciones de deudas en dólares con demasiada anticipación (una especulación a un alza del dólar) ni se dará acceso al mercado para pagar contratos en dólares firmados después del 30 de agosto.
Como el cepo kirchnerista, las medidas evitan toda forma de confiscación. El uso de los dólares es libre, las trabas son a las compras.
