Un default acentuaría la falta de dólares, que siempre complica a la economía local

"Estamos en un default virtual". Las palabras del presidente Alberto Fernández al presentar la oferta de l a deuda a los bonistas despertaron las ensoñaciones de facciones dentro del Frente de Todos que creen posible recrear el mito del "nestorismo".

En cesación de pagos, la lucha contra los buitres ofrece capital político para consolidar la base de sustentación, operaciones que en medio de la emergencia ejecutan Donald Trump o Jair Bolsonaro. A ese sinuoso camino se arriba también a través de otro afluente aún más coloquial. ¿Qué puede significar un default luego de la "tierra arrasada" que dejará la pandemia del coronavirus? Al final dicen algunos-, todo contribuye para volver a "salir del infierno".

Probablemente sin buscarlo, el ministro de Economía aviva esas pasiones. "No es que la Argentina tiene hoy acceso al mercado de crédito internacional y que luego de no poder hacer frente a los pagos de deuda que se vienen en los próximos días va a perder ese acceso. Eso no es así; la Argentina ya no tiene acceso al mercado de crédito internacional y eso seguirá pase lo que pase", dijo ayer Martín Guzmán.

El ministro tiene razón. Aunque los principales fondos e inversores aceptaran la propuesta, el país no volverá a contar con acceso al crédito. Ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI), hoy socio de Fernández, y lo repitieron los bonistas: antes que una deuda sostenible, la Argentina necesita un plan y reformas sustentables.

El razonamiento de los más extremos tiene varias debilidades en su lógica. La primera es temporal. La pandemia no durará para siempre. La Argentina ya carece de crédito, de ahorros, de moneda. ¿Es necesario sumarle el default? Sobre todo, luego de que Guzmán se quejara el fin de semana de que el país solo podría pagar US$300 millones en 2023 pese a que desde que Fernández asumió ya se pagaron US$4000 millones.

En el corto plazo caer en default no marcaría diferencias. Pero a mediano plazo complicará aún más una economía que, según el FMI, caerá 5,7%. Luego les pondrá un techo a la recuperación y a la generación de divisas. En un país en default caen los depósitos en dólares, lo que se traduce en menos crédito para la exportación. Ningún accionista de multinacional recomendará inversiones en un país en default. Ni la Argentina, ni sus empresas, ni sus provincias tendrán crédito internacional a un costo accesible. Esas limitaciones son claves a la hora de definir nuevas inversiones.

Sin dólares, el país deberá vivir de pesos en momentos en el que son pocos los quieren tenerlos en su cartera por la velocidad de su desgaste. Léase, por la elevada inflación. Ahorro no existe: en marzo, con solo diez días de cuarentena obligatoria, los ingresos crecieron a una tasa de 30%, mientras los gastos lo hicieron al 70%. El rojo primario llegó a los $125.000 millones. A fin de año, el déficit podría ser de entre 4 y 5 puntos del PBI. Guzmán ya dijo que no habrá más ajuste. Por el lado de los ingresos al kirchnerismo se le ocurrió el impuesto a "la riqueza", que sumaría US$4000 millones.

La otra opción ya está en marcha y consolida otro de los mitos del kirchnerismo. Ya lo dijo alguna vez Axel Kicillof: en ciertas circunstancias, la emisión no genera inflación. El Banco Central emitió cerca de $600.000 millones, y algunos analistas privados creen que la emisión llegará a $300.000 mensuales en abril y junio. Pero eso no alcanza. Córdoba y otras provincias ya avanzaron con bonos para el pago de proveedores. Varios analistas se preguntan si la fase dos de los rojos provinciales puede ser la "cuotificación" del pago de los salarios públicos. Un combo perfecto para la ampliación de la brecha cambiaria, las expectativas de devaluación y una mayor inflación a mediano plazo que licúa deudas de empresas pero abarata su valor. ¿Los incentivos para los agentes económicos? No exportar (retener grano) y adelantar importaciones. Todo significan, a la larga, menos dólares.

"El que dice que se puede manejar el después de la pandemia en default no entiende nada. Ya pasó en los 80 y fue terrible, hasta que se regularizó con el Plan Brady", rememoró un economista.

El Estado es limitado para encarar la reconstrucción. La operación requerirá de un sector privado que sufre una presión tributaria récord, dos años de recesión, que atraviesa una pandemia y que cerraría 2020 con una tasa de inversión de 15% del PBI. No habrá más con tasas de interés más altas como consecuencia del riesgo argentino. Fernández sabe que este no es el camino.

La Argentina deberá pagar hoy los intereses de los bonos globales por US$503 millones. El mercado descuenta que no los abonará. "Silencio total", dijeron ayer en el Ministerio de Economía, para agregar suspenso. Sin embargo, la negativa ya había sido anticipada por Guzmán, que siempre dijo que trataría igualitariamente a la legislación local a la que reperfiló unilateralmente y a la extranjera una vez que presentara la oferta.

Si el país no paga tendrá 30 días para negociar. Luego vendrán los peligros del cross default, la exigencia por adelantado del pago de otros bonos, a los 60 días. Allí la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) declararía en default a la Argentina y gatillaría inmediatamente los credit default swaps. A partir de ese momento, muchos cumplirán sus sueños políticos: será el momento de los buitres.