El Gobierno mantiene abierto el canje de deuda hasta el 22 de mayo

Luego de negociaciones contra reloj por videoconferencia con acreedores del exterior y fondos de inversión durante el fin de semana, sin difundir formalmente el nivel de aceptación que tuvo la oferta, el Gobierno anunció hoy que extendió el deadline oficial del canje hasta el 22 de mayo, día en que si no aparece acuerdo el país entrara inevitablemente en default.

"En el día de hoy, la República Argentina (la 'República') anunció que ha extendido el plazo de vencimiento de su Invitación (la 'Invitación') realizada a los tenedores de ciertos bonos elegibles (los 'bonos elegibles') que figuran en el suplemento del prospecto de fecha 21 de abril de 2020 (tal como pueda ser modificado o complementado oportunamente, el 'suplemento del prospecto') para presentar órdenes de canjear sus bonos elegibles por nuevos bonos de conformidad con los términos y condiciones descritos en el suplemento del prospecto desde las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 8 de mayo de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 22 de mayo de 2020 (el 'vencimiento'), salvo que el plazo se extienda nuevamente o se cancele de forma anticipada", dice el la presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, según las siglas en inglés) por Economía, y también quedó plasmado también a través de la resolución 221/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.

"En este sentido, suponiendo que la República, entre otras cosas, no extienda más el vencimiento ni finalice la invitación antes de lo estipulado, el plazo de la invitación (tal como se define en el suplemento del prospecto) se extiende hasta el nuevo vencimiento, la fecha de anuncio de los resultados (tal como se define en el suplemento del prospecto) será el 25 de mayo de 2020", agregó el formulario presentado oficialmente y difundido hoy. El mismo deja abierta la posibilidad de una nueva extensión si no se llegara a un acuerdo.

La fecha original de cierre fue el viernes pasado (hoy era el anuncio formal ante la SEC). Sin embargo, según fuentes privadas, la aceptación rondó un 15%, lo que obliga al Gobierno a negociar nuevas condiciones para una oferta que sirva para acrecentar las posibilidades de evitar la novena cesación de pagos para el país. Según supo LA NACION, ayer ya se habían mantenido videoconferencias con fondos de inversión, incluso con Blackrock.

La prórroga de la oferta es otra señal de buena fe para los inversores de que se mantiene una propuesta viva mientras se negocia otra que pueda tener mayor adhesión. Básicamente, -como señaló el Presidente el fin de semana- busca dar una señal de que la Argentina busca evitar el default. El caso contrario, hubiera sido declararla desierta.

Antes de la llegada del coronavirus, el presidente Alberto Fernández había afirmado que el éxito o fracaso de la reestructuración de la deuda marcaría el puntapié de su proyecto político. Desde hace días se prevé que Alberto Fernández espera una batería de anuncios para relanzar su Gobierno. La fecha para esa presentación, supuestamente, sería el próximo 25 de mayo.

El Gobierno dividió en tres partes el trabajo sobre la deuda pública. Buscó recomponer el financiamiento en pesos en el mercado local con tasas mas bajas y a mediano plazo, reperfiló hasta el año próximo los títulos de deuda pública bajo legislación local y lanzó el último 22 de abril una oferta para una deuda elegible de US$68.842.528.826 bajo legislación extranjera. Este año quedan vencimientos de esos papeles por unos US$3300 millones.

Para esta última etapa que se cerró hoy, el Gobierno presentó una propuesta de la que surgen una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas, y vencimientos hasta 2047.

La oferta argentina a los bonistas implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años (2023).

Sin embargo, los bonistas -nucleados en tres comités- rechazaron la propuesta días después de presentada por el Gobierno y la calificaron como "unilateral". Por lo bajo, algunos fondos de inversión cuestionaron los reducidos cupones ofrecidos por el oficialismo, el extenso período de gracia de tres años y, sobre todo, la falta de amortizaciones durante el mismo.

El 22 de abril pasado, el Poder Ejecutivo se puso otro deadline en el estrecho camino al default. Decidió dejar de pagar US$503 millones por los intereses de los bonos globales (títulos bajo legislación extranjera) con reservas internacionales y abrió el período de gracia por un mes para negociar con los acreedores y evitar el default de esos papeles.

Desde el 22 de mayo, si no hay un nuevo acuerdo, correrá un mes más antes del llamado cross default, cuando se gatillarán los Credit Swap Default (CDS). Entonces, la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) declararía sí la Argentina entra en cesación de pagos.

Durante la última semana, el ministro de Economía y principal negociador, Martín Guzmán, afirmó públicamente que sólo había recibido una oferta formal por parte de los bonistas. Fue la del fondo Blackrock. El pupilo de Joseph Stiglitz la publicó la última semana en el portal de Economía. "Era incompatible con el marco macroeconómico", describió el ministro.

Ese marco fue cambiando desde el 20 de marzo, cuando Guzmán se lo presentó a los bonistas a través de un webcast, hasta esta semana, cuando el ministro reactualizó sus perspectivas sobre la economía, el déficit fiscal, las reservas y el equilibrio comercial con el coronavirus de fondo. Así, la previsión de caída de 1,5% este año quedó en un 6,5%. El déficit primario pasó de un 1,1% previsto para 2020 a un 3,1% financiado a través de emisión monetaria.

Esas perspectivas fueron avaladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la conducción de Kristalina Georgieva. El Gobierno, que todavía no cerró un nuevo programa con el organismo al que le debe US$44.000 millones, identificó su marco macroeconómico con los del staff del FMI. Fue el organismo el que reclamó "una contribución apreciable" a los bonistas privados y les pidió un alivio de entre US$55.000 y US$85.000 millones.