El Gobierno endurece más el cepo y posterga lo inevitable: una devaluación post elecciones

Otra vez ante una situación demasiado repetida EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Las devaluaciones en Argentina son sumamente predecibles. Y esta vez no será la excepción, aunque el Gobierno lo niegue una y mil veces. Las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central, que endurecen al extremo el cepo cambiario, no hacen más que revelar las grandes dificultades para mantener la estabilidad cambiaria en este período preelectoral.

Las sorpresivas trabas impuestas complicarán mucho más aún la operatoria de ?dólar MEP? y ?contado con liquidación?, que son los vehículos que utilizan los inversores (tanto empresas como individuos) para dolarizarse a través de la compra venta de bonos y acciones. Recién el martes las autoridades bursátiles aclararán cómo deberá ser la operatoria de ahora en más, ante las distintas restricciones anunciadas por el Central.

El objetivo es reducir todo lo posible el volumen operado en estos segmentos, que venían obligando al BCRA a llevar adelante una intervención permanente para impedir la suba del dólar financiero, que a duras penas se venía manteniendo en la zona de los $ 170. Sin embargo, el promedio de U$S 25 millones diarios de venta en este segmento era insuficiente para sostener la estabilidad hasta las PASO y mucho menos hasta las elecciones. El Gobierno se enfrentó así a una encrucijada: aumentar la intervención diaria, que impacta directamente en las reservas, o bien restringir aún más la operatoria y restarle liquidez al mercado. Eligió la segunda opción.

Esto significa que existen en realidad dos cepos, uno arriba del otro. El primero es para mantener estable el dólar oficial. Pero para eso es necesario que sólo tengan acceso a él los importadores, algunas empresas que a cuentagotas pagan deudas en moneda extranjera y un selecto porcentaje de la población autorizado a comprar dólar ?solidario?. Las otras restricciones cambiarias actúan sobre el mercado bursátil, lo que obligará a los inversores a operar en mercados cada vez más informales. Claro que no todos lo pueden hacer: las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, no pueden ?sacar los pies del plato?, es decir retirar pesos y comprar dólares en una ?cueva?.

Menos trabajo para el Central

Las nuevas restricciones harán que el BCRA tenga que vender menos dólares para contener las cotizaciones alternativas REUTERS/Agustin Marcarian

Con menos volumen en el ?contado con liquidación?, el Central tendrá menos trabajo para mantener la cotización a raya, claro que a fuerza de más controles. Esto significa que tendrá que vender bastante menos de los U$S 25 millones diarios que venía aplicando para estabilizar el mercado cambiario. Claro que las operaciones que no puedan cerrarse en ese mercado derivarán al informal. Por eso habrá más presión en el dólar libre, que el viernes subió un escalón hasta los $ 182.

Al achicarse aún más el volumen para dolarizar vía mercado de bonos y acciones, es inevitable que la presión cambiaria repercute en el dólar libre. Algo de esto sucedió ya el viernes, pero el proceso se aceleraría a medida que se acerquen las PASO

El precio récord de la soja y la buena cosecha le permitieron al Central comprar más de USD 6.000 millones en el primer semestre, aunque las reservas líquidas subieron bastante menos, alrededor de U$S 3.500 millones. Una buena porción de estas divisas terminaría siendo utilizada para intervenir en el mercado cambiario en este segundo semestre. Lo peor es que difícilmente se repita un escenario tan favorable para la Argentina desde el punto de vista climático y de precios como sucedió en este 2021.

Achicar pérdidas

El objetivo primordial en esta instancia es, por lo tanto, minimizar la pérdida de reservas o directamente anularla en medio de la presión dolarizadora, como sucede en cada elección. Pero el otro desafío complicado que enfrenta el BCRA es la evolución del dólar oficial. La suba a un ritmo del 1% mensual se vuelve insostenible en una economía que no baja del 3% de inflación mensual y que además agrega cada vez más desequilibrios.

Si en algo están de acuerdo los economistas es que luego de las elecciones se viene la devaluación. No tiene que ser un salto brusco del tipo de cambio (que aumente 20% ó 30% en un día), pero sí un proceso de aceleración notoria. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace el BCRA, la estimación es que en 2022 el dólar oficial aumentará 40% hasta ubicarse en $ 155. De esa forma, se aspira a que la brecha cambiaria se achique en relación a los valores actuales, cercanos al 75%.

Pero algunas consultoras piensan que el salto será incluso mucho mayor. Econviews, por caso, piensa que el año que viene el dólar oficial subirá cerca del 60%. De esta forma no le perdería pisada a la inflación del 2022 y además recuperaría parte del terreno perdido este año. Incluso considera que parte de este ajuste cambiario sucederá antes del acuerdo con el FMI.

Si en algo coinciden la mayoría de los analistas económicos es que luego de las elecciones habrá un salto del tipo de cambio oficial. Resulta insostenible mucho más allá de noviembre el ajuste de 1% mensual del tipo de cambio oficial, con una inflación de 3% y desequilibrios cada vez más peligrosos

Por supuesto nada de esto ocurrirá hasta las elecciones legislativas. El ?mini plan? económico ya está desplegado y su objetivo primordial es evitar un salto fuerte del dólar, tanto en el oficial como en el libre en medio del proceso. Al mismo tiempo, una serie de medidas buscan aumentar el consumo interno para que el Gobierno llegue mejor parado a las elecciones, desde las 30 cuotas hasta el crédito a tasa cero para monotributistas, pasando por el bono a jubilados y beneficiarios de la AUH.

?Solidarios? otra vez

Carlos Heller y Máximo Kirchner, el dúo "solidario"

La fiesta del gasto ya está generando fuerte presión sobre el Central, que en lo que va de agosto ya transfirió $ 160.000 millones vía emisión monetaria pura. Y queda mucho más por emitir en los próximos meses. Esos pesos que se vuelcan a la calle procuran aumentar el consumo y posiblemente lo logren, al menos marginalmente. Pero el costo podría ser muy alto, porque se trata de dinero que nadie demanda y por lo tanto presionará sobre el tipo de cambio y la inflación a fin de año.

En el medio siguen apareciendo temas que meten ruido electoral. El episodio de la foto en la Quinta de Olivos impacta en la política pero también en la evolución de la economía, si es que tiene algún impacto en el resultado de las elecciones.

Esta semana resurgió otro debate que no puede sorprender a nadie: la posibilidad de volver a cobrar el aporte solidario, más conocido como ?impuesto a la riqueza?. Distintas manifestaciones del oficialismo dejan en claro que existe una posibilidad cierta de abrir la discusión, aunque el proyecto establecía que sería por única vez. Otra posibilidad es fijar algún tipo de sobre-alícuota en Bienes Personales. En un caso o el otro es lo mismo: se sigue atacando el patrimonio familiar.

La discusiones sobre la posibilidad de cobrar nuevamente el ?aporte solidario? o aumentar la alícuota de Bienes Personales mete más presión sobre la economía y vuelve más impredecible aún el rumbo económico. Lo mismo la ofensiva para quitar la concesión de las autopistas del Oeste y del Sol

Sólo que se mencione esta posibilidad muestra que es imposible tener un esquema tributario creíble y estable. Además, aquella ley generó una fuerte salida de empresarios que se fueron a vivir a Uruguay para no quedar sujetos al millonario impuesto. Este éxodo se acentuaría si insisten con la idea de volver a cobrar el discutido tributo.

Desconcesión

Quitarle la concesión de las autopistas del Sol y del Oeste al grupo español Abertis hará casi imposible evitar otro millonario juicio contra la Argentina, como ocurrió con la reestatización de YPF REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Al mismo tiempo, el Gobierno avanza con los pasos administrativos para sacarle la concesión de las autopistas del Sol y del Oeste al grupo español Abertis. Según sostienen en el ministerio de Obras Públicas, ya estaría probado administrativamente que el gobierno de Mauricio Macri extendió injustificadamente la concesión por 10 años y avanzará una presentación judicial al respecto, que a su vez facilitaría el cese de la concesión. Será casi imposible evitar otro millonario juicio de parte de la empresa contra la Argentina si avanza esta ofensiva, tal como en su momento ocurrió con YPF.

En definitiva, empezó una carrera contra el tiempo: el Gobierno precisa imperiosamente que la economía levante y tiene tres meses para lograrlo. Marginalmente conseguirá resultados, que difícilmente sean leídos como una consolidación de la recuperación, sino más bien como un rebote de corto plazo sostenido en bases muy débiles.

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