Deuda: mientras negocian, dejan en default otros u$s 220 millones. A 10 días del cierre, revisan cambios legales para el deal

El Ministerio de Economía sumará la semana que viene otros dos bonos a la cesación de pagos. Son los Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares (BIRAD, también llamados Globales) con amortizaciones de capital en 2022 y 2027, por un total de u$s 220 millones.

Los vencimientos de los intereses del A2E2 y A2E7 operan este domingo 26 de julio por u$s 91 millones y u$s 129 millones, respectivamente, y no se pagarán.

De esta forma, serán 13 las emisiones en default desde el 22 de abril. De ellos, a apenas 3 (los BIRAD o Globales 2021, 2026 y 2046) ya se les cumplió el período de gracia de 30 días, el 30 de mayo, por u$s 503 millones. Hay otros 8 bonos por u$s 942 millones que empezarán a ver cumplido su período de gracia desde la próxima semana; el más relevante es el Discount, emitido por el kirchnerismo para salir de la cesación de pagos de 2001.

En el medio del proceso de reestructuración de la deuda, el Gobierno solamente abonó el 30 de junio el equivalente a u$s 2 millones por una emisión del Discount en yenes. Así las cosas, los impagos acumularán u$s 1665 millones en tres meses desde que se lanzó la primera oferta de canje.

La finalización del período de gracia de 8 emisiones, que opera la próxima semana, tensará las negociaciones, ya que los bonistas agrupados en el Argentina Exchange Bondholders tendrán una herramienta de presión con una posible demanda judicial.

A 10 días del cierre, revisan cambios legales para el deal

Cuando faltan solamente 10 días para el cierre del Período de Invitación para el canje de 21 bonos de la deuda externa de la Argentina por el equivalente a cerca de u$s 65.000 millones, las autoridades analizan revisar la estructura legal de la oferta como prenda para que los acreedores acepten que no habrá más pagos. El 4 de agosto finaliza el plazo para entrar al canje, aunque técnicamente podría extenderse hasta el 30 de agosto, días antes de la liquidación, prevista para el 4 de septiembre.

La reasignación de bonos para forzar mayorías automáticas sin que estas existan en la realidad, denominada "estrategia Pacman", podría ser enclaustrada para no perjudicar a los "bonistas calificados", tal cual pidieron los tres grupos de acreedores el lunes. De esta manera, la reasignación solo se aplicaría -en caso de hacer falta- sobre tenedores minoritarios y no sentaría un precedente legal negativo para los fondos que participarán en otras reestructuraciones de deuda en el mundo en los próximos meses.

Los grupos Ad Hoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) aseguran tener más de un tercio de la deuda elegible en conjunto. Llegaron a poseer casi un 40%, antes de que Greylock Capital, dejara el ACC y aceptara la oferta (al igual que Fintech Advisory y Gramercy Funds, que nunca integraron el comité, según un asesor financiero), mientras que el 60% de los acreedores no está identificable para el Gobierno, aunque se sabe que Pacific Investments Management Company (PIMCO) y Templeton tienen algunos bonos a canjear.

En el Gobierno estiman que en realidad los tres grupos de acreedores juntos suman cerca de un 30% y que están "cartelizados".

La diferencia que separa el deal son unos u$s 6000 millones a lo largo de la vida útil de los bonos o unos u$s 300 millones por año. "La ecuación costo-beneficio arroja que es más favorable un acuerdo, aunque será difícil si el Gobierno no se mueve en los términos financieros", sostiene el economista Miguel Kiguel, director de Econviews.

Fuentes que recorren el Palacio de Hacienda indican que la oferta oficial es inamovible. La apuesta es lograr suficiente apoyo de los fondos no agrupados como para cruzar los umbrales de participación mínima, aunque estos no alcancen para activar las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). Recién después del 4 de agosto, si se evidenciara un fracaso, la negociación tomará velocidad.

El Gobierno quiere cerrar este capítulo aunque admite que podrían quedar holdouts en esta etapa, y es por eso que en la propuesta de reestructuración de deuda en dólares bajo legislación local envió al Congreso un proyecto que prevé la cláusula de derechos sobre futuras ofertas (RUFO), para equiparar posibles mejores tratamientos en los próximos cinco años.

En los próximos meses se abrirá la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reperfilar el vencimiento del préstamo de unos u$s 44.000 millones, aún si el capítulo con los acreedores privados no estuviera concluido.

El FMI expresó ayer, a través de su vocero, Gerry Rice, su confianza en que la Argentina y sus acreedores sigan trabajando en "negociaciones constructivas". No obstante, Rice reiteró que las negociaciones entre las partes son un asunto "bilateral", excusándose de emitir opinión sobre la reciente propuesta efectuada por los tres grupos de acreedores al ministro de Economía, Martín Guzmán.